Viernes 26 de abril de 2013
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Una alta autoridad del gobierno, con estatus de Ministro, y abogado de profesión, desconociendo elementales normas jurídicas, como es el debido proceso y la presunción de inocencia, se apresuró en declarar culpable, en uno de los casos de violencia y de asesinato, a un ciudadano brasileño. Es más, lo presentó ante la prensa como culpable del asesinato a sangre fría.
Sin que lo que se diga pretenda interpretarse como una apología del delito, es necesario establecer que los derechos y obligaciones que están definidos en la Constitución Política del Estado, en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, valen para todos los ciudadanos por igual, nacionales o extranjeros, inocentes o culpables, luego de las investigaciones, un juicio justo e imparcial y la sentencia de un juez.
Pero, resulta que el supuesto culpable no era tal, porque la Fiscalía no pudo probar nada; razón por la cual el juez que atendió el caso no tuvo otra alternativa que ordenar su libertad; es más, ahora se aprehendió al “verdadero culpable” del mismo delito, que sacudió a la ciudadanía cruceña y boliviana por la forma en que se asesinó a un individuo en vía pública y a plena luz del día.
