No fue fácil acceder al poder en Venezuela, ni siquiera con el “voto sentimental” de una parte de ciudadanos conmovidos por la desaparición de su Comandante y la otra con sentimientos similares, pero además con la gran duda sobre el futuro de un país que recién muestra las grandes debilidades que aparentemente no eran influyentes ante la política distractiva que se mantenía predominante en un escenario con un líder que manejaba todos los hilos de la delicada situación del país petrolero más importante de Sudamérica.
Se dieron las elecciones en un escenario armado en tiempo récord como no había sucedido antes para una promoción de candidatos y programas, pero la autoridad electoral no cambió el sistema y atropelló las condiciones ciudadanas para establecer el proceso electoral, que por lo menos en el medio oficialista daba por descontada una abultada victoria de su candidato.
Cumplidas las elecciones, el resultado ha sido desolador para un sector y altamente positivo para la oposición, la mínima diferencia, que inclusive para algunos analistas internacionales es lo que puede calificarse como “un empate técnico”, hace que en el futuro sea muy difícil la gobernabilidad, sabiendo que inclusive y pese a la posesión oficial del Presidente una auditoría de votos puede arrojar sorpresivas cifras que tendrán que tomarse en cuenta para fines de refrendar el respeto a la democracia y al voto popular.
De aquí adelante hay dos factores que obligarán a una atención especial de los gobernantes venezolanos, por una parte la necesidad de disminuir objetivamente la inseguridad reinante en ese país, donde el pasado año se registraron 16 mil homicidios y la tasa de asesinatos se elevó en un 14 por ciento, con relación a un año anterior, obliga a establecer políticas realistas para frenar la violencia, los delitos y la criminalidad. El fondo del asunto tiene que tener una causa e identificarla y tratarla radicalmente, debe ser una tarea inmediata.
Por otra parte, la otra preocupación se relaciona directamente con un proceso inflacionario que ha sido negado, pero que en los hechos y como lo han reconocido los venezolanos, en el corto periodo electoral, los precios de productos alimenticios, de servicios y otros como los de salud y educación se han elevado y han salido del control oficial dando lugar a un proceso ilegal de un comercio irregular y calificado como clandestino, que sólo servía a determinados sectores y dejaba sin auxilio a gran parte de los asalariados venezolanos.
La obligación del peso en el poder gubernamental, es decir la vigencia de un proceso de casi total equilibrio en las decisiones parlamentarias, obligará al Ejecutivo a tomar medidas muy serias para aplicar medidas impostergables para controlar los precios y el abastecimiento de productos en los mercados de consumo, además de tomar decisiones sobre un posible ajuste al tipo de cambio y lo que resultará más complicado, pero ineludible, controlar el déficit público y asegurar políticas para recuperar el desarrollo de Venezuela en base a una terapia financiera que estabilice la economía del país considerado el primer productor sudamericano de petróleo.
Son las grandes contradicciones de un proceso político que en menos de un trimestre ha cambiado sustancialmente, mostrando la cara real de una situación que fue denunciada y hábilmente minimizada pero que finalmente llegó a la conciencia ciudadana que reaccionó con un cambio en el voto popular que de todos modos será respetado democráticamente. La misión no es imposible, pero indudablemente será complicada y cara.
Fuente: LA PATRIA
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