Sábado 20 de abril de 2013
ver hoy
Hace una década, la institucionalidad de la Contraloría General de la República (CGR) marcaba la modernización del Estado boliviano y el desarrollo de capacidades normativas y profesionales para el control de la administración pública.
Los datos comprueban esa buena fama. En 20 años sólo hubo dos contralores, ambos elegidos de acuerdo al mandato constitucional y con los perfiles profesionales adecuados. Más allá de parentescos, de cambios de presidentes o de ministros, los sucesivos gobiernos democráticos respetaron ese mandato. Era un rostro nuevo, contrario a los militares golpistas; un “novio de la muerte” llegó a ser contralor en 1980.
Otro indicador era el porcentaje de servidores públicos seleccionados mediante concursos de méritos y que hicieron carrera administrativa dentro de la CGR hasta ocupar puestos de gerentes departamentales o sectoriales. También destacó la masiva presencia de mujeres, al punto que en 2002 casi todo el staff era femenino.
Antonio Sánchez de Lozada impulsó la larga discusión con la sociedad civil para difundir la ley de control de la administración pública, Safco y su aplicación a través de sistemas. La norma presentó varios retrasos, sobre todo en los ocho sistemas complementarios y quedó corta para atender el proceso de municipalización desde 1994. Con todo, se la consideró modelo regional.
