En nuestro distrito se produce una serie de hechos lamentables con inusitada frecuencia y sucede que no hay autoridad que ponga remedio a esos males, al contrario hay una cómplice actitud pasiva de “dejar de ver y dejar pasar”, con reacciones tardías cuando las cosas se ponen color hormiga o cuando las papas queman.
Por ejemplo un caso extremadamente preocupante es el relacionado con los trabajos que se cumplen aún en la ruta entre la ciudad de Oruro y la localidad de Pisiga, con muchas trabas, contradicciones, cambios de empresas contratantes y una absoluta irresponsabilidad en el cumplimiento de contratos, cuyos cronogramas resultan desfasados y sin embargo pese al perjuicio ocasionado, no pasa nada con los infractores.
Otra vez se comprueba un lamentable retraso en las obras del tramo vial entre Toledo y Ancaravi, las que no avanzaron de acuerdo a un cronograma establecido, situación que no fue advertida oportunamente por los encargados de la supervisión de la obra al punto que la constructora “Vial Ancaravi” apenas avanzó a la fecha un 10 % del total de su contrato desde el año 2011 cuando se adjudicó la obra. Es increíble cómo se permite este tipo de cosas, dejando pasar las irregularidades sin dar parte del problema a la autoridad superior.
Como se deja traslucir a través de algunos comentarios de dirigentes cívicos y de asambleístas de oposición, “parecería que existe un confabulación contra los intereses de Oruro” pues no se puede entender que en más de medio siglo no se pueda concluir el asfaltado de una carretera de interés nacional e internacional, debido a fallas atribuidas directamente a contratantes, el caso de autoridades de lo que fuera la Prefectura ahora Gobernación, el Servicio de Caminos ahora Administración Boliviana de Caminos y al medio varios políticos que no se inquietan por el daño que se infiere a Oruro, retrasando la consolidación de sus más importantes proyectos.
Habría que correr trámites para aclarar dos aspectos horrorosos en este tema; por una parte establecer el grado de responsabilidad de los contratantes de empresas subsidiarias para la ejecución de obras que no avanzaron, cómo es posible que no se hubieran adoptado medidas de garantía en las que se demuestre solvencia técnica y capacidad operativa de las empresas (en este caso ya son dos) que dejan las obras con mínimo avance y las abandonan, sin que caiga sobre ellas el peso de la ley y el cobro de sus boletas de garantía, que se supone son requisitos para firmar cualquier contrato de obras camineras.
Por otro lado, las repetidas fallas de los encargados en la supervisión de obras al no advertir en su tiempo el incumplimiento por parte de los contratistas. Esos funcionarios deben merecer una drástica sanción pues se convirtieron en cómplices del delito de incumplimiento de contratos y por consiguiente de una abierta defraudación a la economía y los intereses locales.
Lo que da pena es que se trata de un último tramo en la dichosa carretera bioceánica con algo más de 50 kilómetros y cuyo financiamiento está garantizado por la Corporación Boliviana de Fomento (CAF), cuyos ejecutivos - más bien - no han ordenado la reversión de recursos que están aprobados aunque su desembolso debe ir paralelo al avance de obras, que es propiamente nulo.
Este asunto caminero entre otros, como el Puerto Seco, el distribuidor vehicular de la doble vía a Vinto y otros, deberían ser tareas que asuman todos los asambleístas pues realmente son de interés comunitario.
Fuente: LA PATRIA
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