Viernes 19 de abril de 2013
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Nadie puede hacerse rey por sí mismo. Un pueblo pone a un hombre sobre sí a fin de que los gobierne rectamente, dé a cada uno lo suyo, ayude al bueno y sujete al malo; en una palabra, para que haga justicia frente a todos.
Si ese hombre infringe el convenio sobre cuya base fue elegido; si perturba lo que tenía que conservar en orden, entonces la justa razón reclama quede liberado del deber de obediencia, especialmente cuando fue el príncipe quien primero rompió el vínculo de fidelidad que le unía al pueblo. Así se expresaba Mangoldo de Lautenbach, en 1083; su reflexión es válida para todo régimen político basado en el consenso, en la participación y en la justicia.
En la Constitución francesa de 1793, quedó sellada la aspiración a alzarse contra los gobiernos tiránicos, ilegítimos por su origen o por la violación del pacto en virtud del cual se constituyeron: “Cuando un gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada uno de sus componentes, el más sagrado derecho y el más indispensable de los deberes”.
