Miercoles 17 de abril de 2013
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En la mayoría de los países no existe una legislación clara que reconozca el derecho a una muerte digna y permita al enfermo terminal poner fin a su vida de forma voluntaria. El “suicidio asistido” es el medio por el que cientos de personas que agonizan deciden finalizar su sufrimiento, y que sin embargo se les niega en base a supuestas reservas éticas y legales.
La medicina tiene como una de sus bases fundamentales el respeto a la autonomía del paciente. Sin embargo, en muchos países se tira por tierra este principio cuando el enfermo decide no prolongar un tratamiento que a costa de su sufrimiento físico y mental, le mantiene vivo. En gran cantidad de los casos, el deseo del paciente a ejercer este derecho queda frustrado cuando pierde sus facultades para decidir. Por ello, la elaboración previa de un ‘documento de voluntades anticipadas’ facilitaría la actuación del médico ante este tipo de situaciones.
Uno de los argumentos más utilizados por los opositores a la eutanasia es la llamada ‘pendiente resbaladiza’. Según los críticos, el suicidio asistido se expandiría si se legalizara, con lo que las muertes ascenderían en gran número. Las opiniones tremendistas tienen un peso importante en lo que se refiere a la ayuda prestada para morir. La oposición a la eutanasia suele aludir a la inviolabilidad de la vida y la desconfianza que podría generar su legalización. Frente a los temores catastrofistas de algunos sectores, investigadores holandeses han observado que las tasas de suicidio asistido son similares a las de antes de ser legal en su país. La aprobación de una ley para el derecho a la muerte digna, lejos de aumentar el número de muertes, aclararía la ambigüedad legal de un asunto tan importante.
