Una de las debilidades que marca el retraso en nuestro desarrollo departamental es el hecho de cambiar en cada gestión (política) el instrumento básico que se ha diseñado en repetidas ocasiones y en algunas con respaldo de destacados profesionales, pero que a la hora de poner en práctica esos lineamientos han primado intereses partidarios por efecto del cambio de las autoridades superiores.
Hemos comentado sobre este tema en repetidas ocasiones y nos hemos referido a la existencia de los denominados PDD’s, los planes de desarrollo departamental que con muy buenas intenciones fueron preparados técnicamente y aunque no se quiera reconocer tal hecho han estado cumpliéndose paulatinamente, con ciertas modificaciones para disimular su origen, pero finalmente con objetivos que no pueden cambiarse porque se trata de las inquietudes y anhelos de la población.
Con los resultados del último censo y que se conocerán oficialmente en junio próximo, con seguridad que deberán aplicarse algunas modificaciones en las políticas de desarrollo nacional y las departamentales de acuerdo a las condiciones que establezca en materia poblacional el censo como instrumento básico para generar las políticas de desarrollo que son necesarias en cada distrito, donde existen condiciones propias que además deben adecuarse de manera “particular” en el documento de autonomía y su pertinente reglamento.
Prevalece aún y por los resultados preliminares favorablemente a los distritos del eje central, incluyendo un hecho innegable que se relaciona con el crecimiento de la ciudad más joven del país, El Alto y que de hecho cambia la estrategia del desarrollo regional. Esa circunstancia especial que tiene que ver con la proximidad con nuestro departamento, debe tomarse en cuenta para evitar “contrapeso” en las gestiones que se realizarán allí como aquí para definir proyectos de desarrollo productivo sostenible.
No se ignora la fuerza de la presión centralista gubernamental, que en muchas circunstancias ha considerado a Oruro como el “patio trasero” de la sede de Gobierno y en esa visión de total inequidad se han postergado algunos proyectos que curiosamente han sido activados en El Alto como los incentivos legales con leyes especiales para favorecer la inversión e instalación de nuevas empresas, las que gozan de regímenes impositivos favorables y que significan un movimiento económico para la ciudad alteña, además de la generación de empleos y un particular movimiento que obliga paralelamente a cumplir obras de desarrollo urbano y aplicar medidas de seguridad ciudadana y modernización de servicios.
Esos elementos “sociales” son los que se demandarán en adelante desde Oruro, una vez que las autoridades definan una estrategia particular para encarar el desarrollo, en función al valor de las potencialidades del departamento en materia de recursos naturales y las opciones que nos otorgará el instrumento autonómico que además obligará a la elaboración de leyes que respondan a las necesidades de la población ansiosa de mejorar sus condiciones de vida, situación que deberá privilegiarse para poner en marcha proyectos de desarrollo sostenible y ya no más aquellas intenciones de mera figuración impulsadas por el entusiasmo de mayorías partidarias.
Es tiempo de estructurar políticas de avanzada en el posicionamiento de lo que debe hacerse para responder a las inquietudes de la población, que serán ratificadas en el marco consensuado de un apropiado instrumento autonómico regionalista que nos garantice la estructuración de un sólido proyecto de desarrollo departamental, que debe trabajarse de inmediato.
Fuente: LA PATRIA
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