El éxito de la minería depende de incentivos garantías y atractivas reglas tributarias

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En la pasada gestión se han producido varios eventos técnicos y algunos de orden meramente teóricos con el objeto de analizar el presente y el futuro de la minería nacional. No faltaron expositores en seminarios, mesas redondas y en algún congreso del sector que se ocuparon de retrotraer algunos aspectos del pasado, sólo para mostrar que Bolivia fue y sigue siendo un país minero.

Por supuesto cualquier análisis del tiempo actual nos conduce inevitablemente a la consideración de ciertos hechos que se han convertido en controversiales a propósito de la aplicación de ciertas “reglas de juego” contenidas en la nueva Constitución Política del Estado que ya han generado conflictos muy serios por el avasallamiento de propiedades privadas y la falta de solución adecuada a esas actitudes que aún persisten y ponen en riesgo este sistema productivo.

Sin embargo, lo que mencionamos es apenas una parte del potencial minero que tiene el país y que para su completo desarrollo necesita de proyectos que sean respaldados financieramente y ese paso sólo será posible cuando se garantice apropiadas reglas de juego contenidas en una ley de incentivos y seguridades para las inversiones, que apoyen los planes estatales, pero que también impulsen los proyectos del sector privado de la minería boliviana.

Si no se aclaran y modifican algunas de las normas vigentes hay que ser realistas y ponernos en la situación de quienes quisieran invertir pero no lo harán por la falta de seguridades y porque además hay aspectos que son claramente contradictorios a la hora de poner en riesgo capitales y tecnología.

Por un lado la máxima Ley tiene insertos algunos conceptos como consulta previa y coparticipación de las comunidades en las actividades mineras, pero no es todo, se menciona también una obligación de reinversión de utilidades, la eliminación del sistema de concesiones y la migración a contratos compartidos, tomando en cuenta además que ya está en vigencia la declaratoria de “reserva fiscal minera” de todo el territorio nacional.

Indudablemente que se trata de medidas estrictamente políticas pero con una segura variante que deberá aplicarse una vez que comience la revisión área por área en la nueva CPE y se llegue al de la minería que no puede someterse a “consultas previas o coparticipación directa de las comunidades” porque esa actitud ya desató serios problemas con inversionistas privados, pero lo que tuvo mayor trascendencia fue la propia reacción del Señor Presidente que rechazó posiciones extremas de comunarios que se oponían a tareas de exploración hidrocarburífera en una región del país. Se trata del derecho estatal a buscar yacimientos efectivos de recursos naturales, tan similares a los de la minería, por tanto de tratamiento equitativo en función oficial o privada.

Con ésta apreciación que es parte de muchos análisis que realizaron expertos en minería, algunos ex ministros de minería, dirigentes mineros privados y otros del sector asalariado estatal se conviene en la necesidad de asegurar la perspectiva minera de la Nación con disposiciones muy concretas, con reglamentación de leyes, con aplicación jurídica pertinente que garantice las inversiones y las operaciones de la minería global en el país. Sólo así se puede asegurar un proceso paulatino de prosperidad basada en los réditos del tratamiento de nuestros recursos naturales.

(Agencia Uru).

Fuente: LA PATRIA