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¿Políticas de precio justo generan ahorro anual de Bs. 2.802 millones a las familias?
14 abr 2013
La mejor defensa al consumidor es una ofensiva de producción
• Por: Hugo Siles Espada
En la reciente Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) se señala que en 2012, resultado de la intervención estatal en el mercado aplicando políticas de “precio justo” para el pollo, azúcar, arroz, pan y leche existe un ahorro total de las familias bolivianas de Bs. 2.802 millones. Es decir, cada familia en Bolivia, el anterior año, habría ahorrado Bs. 1.107 en la compra de productos claves de la canasta familiar, producto de la intervención estatal en los mercados.
La citada Rendición Pública de Cuentas explica que el ahorro a las familias proviene de un precio mayorista en 2012 inferior al precio mayorista de 2011 en los casos del pollo, azúcar, arroz, pan y leche. Por ejemplo, el precio promedio mayorista del kilo de pollo en 2012 fue de Bs. 11,89 y en 2011 fue de Bs. 14,24, en consecuencia el ahorro de la familia fue de Bs. 2,35 por kilo de pollo; el precio promedio del quintal de azúcar mayorista promedio en 2012 fue de Bs. 224,55 y en 2011 fue de Bs. 323,30, en consecuencia el ahorro de la familia por quintal de azúcar fue de Bs. 98,7; el precio promedio mayorista del quintal de arroz en 2012 fue de Bs. 205,52 y en 2011 fue de 222,67, en consecuencia el ahorro de la familia por quintal de arroz fue de Bs. 17,15.
Para efectuar los cálculos de ahorro a las familias bolivianas se empleó como datos una población para 2011 de 10.624.496 habitantes en Bolivia y un número promedio de 4,2 miembros por familia.
Sobre el sistema estatal de “ahorros a la familia boliviana” y sus efectos económicos permítanme cinco consideraciones:
Primero.- El ahorro de los Bs. 2.802 millones en productos esenciales de la canasta familiar no es para las familias, sino para el mayorista, entiéndase comercializador o intermediario. El mayorista gana con el precio justo al comprar por debajo del precio de mercado y vender al detalle a las familias y no precisamente a “precio justo”. De hecho, los cálculos del Ministerio se realizan sobre el precio al mayorista y no sobre el precio real al detalle que es el precio final para las familias.
Con la vara que mide el precio justo surge la pregunta: ¿Los cerca de mil millones de dólares en subsidio a la gasolina (hidrocarburos) es un ahorro o un gasto para las familias bolivianas? Existe claro consenso, incluso entre el propio sector estatal, que se trata de un gasto o “desangramiento” fiscal que en el mediano y largo plazo será pagado por las familias bolivianas con sus impuestos. No existe “free lunch” en la economía.
Segundo.- El “ahorro para las familias” de Bs. 2.802 millones es el ingreso que dejaron de percibir las empresas productoras de los citados bienes. Resultado de los subsidios, controles de precios, precios justos, restricciones a las exportaciones y otras medidas de control de mercado, las empresas dejaron de percibir Bs. 2.802 millones. Lo que es ahorro para los mayoristas es merma en ingresos para los productores.
Tercero.- Las políticas de precio justo al significar un precio por debajo del precio de mercado, implican que la diferencia sea cubierta por algún agente económico. Alguien paga el diferencial, subsidio o medida que fija el “precio justo”. La diferencia de precios la cubre el propio Estado a través de las recaudaciones tributarias. Una vez que se levante la política de precio justo, en última instancia quién pagará, mediante sus impuestos, el denominado “ahorro a las familias” serán las propias familias. Cuarto.- Las políticas de precio justo distorsionan la medición del Índice de Precios al Consumidor y, por ende, de la inflación, lo cual genera que el incremento salarial cada año sea menor y, en consecuencia, se mantenga o reduzca la capacidad adquisitiva del salario. Si los precios no suben, entonces no aumentará el salario en términos reales.
Quinto.- Las políticas de precio justo desincentivan o merman las inversiones de las empresas y, en consecuencia, reducen las expectativas de producción y la generación de empleo para las familias. Las ventas de productos por debajo del precio de mercado, conocidas como ventas a “precio justo”, generan reducción de ingresos para los productores con la consiguiente reducción de utilidades y sostenibilidad empresarial. El precio no sólo refleja los costos, sino también las futuras inversiones de las empresas para seguir ofertando bienes y servicios. Precios por debajo del precio de mercado castigan y merman gradualmente la oferta de bienes de las empresas, poniendo en riesgo su sostenibilidad en el tiempo.
Lo eficiente para lograr ahorros y beneficios a las familias no es trabajar en la reducción de los precios, sino en el incremento de la producción. Una mayor producción de las empresas permitirá un mejor precio de mercado para las familias. La mejor medida para beneficiar a las familias es incentivar la producción de bienes y servicios, propiciar condiciones adecuadas para la inversión, la producción y la generación de empleo en las empresas. La mejor defensa al consumidor es una ofensiva de producción.
(*) Es economista de la Cámara Nacional de Industrias
hsiles@cnibolivia.com
hugosiles@hotmail.com
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