“Al pan pan y al vino vino”

El otro día me llamó la atención el título de un artículo de prensa que hacía referencia a un pasaje bíblico de la vida de Jesucristo, al terminar de leer el mismo pude concluir que no le hacía honor al cisma religioso - terrenal resuelto.

Mateo 22.21 narra el dilema planteado por los herodianos a Jesucristo, a objeto de que él revele su posición respecto a la tributación, para así acusarle, o de traidor a la ley de los hombres o en su defecto, a la ley de Dios. Dicho dilema cuestiona la legitimidad del poder pagano contra la legitimidad del poder político romano, siendo finalmente resuelto en la justa medida con la frase célebre “Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios”, estableciendo así que toda sociedad tiene el derecho de proveerse de una autoridad legítima y un mandato superior a cumplir, en otros términos, “al pan pan y al vino vino”.

Es necesario mirar atrás cuando el fantasma de la inflación volvía a emerger en la economía nacional al influjo de las presiones inflacionarias de origen extranjero entre los años 2007 y 2008, con un repunte el 2011, amenaza que no podía ser aplacada sólo con medidas monetarias como la contracción de dinero en la economía y el abaratamiento del precio del dólar norteamericano (apreciación cambiaria).

Fueron necesarias medidas reales implementadas desde el ejecutivo para el combate contra la inflación proveniente de la especulación y el desabastecimiento, mediante la imposición de cupos de exportación al azúcar, aceite y arroz, el impulso a la producción de alimentos y el control de su distribución, y la administración de precios clave como el de los hidrocarburos (subsidio), que redujeron el impacto del tipo de cambio sobre los precios en toda la cadena productiva.

La función “natural” del Banco Central de Bolivia en el contexto del paradigma neoliberal atomizado en la estabilidad de precios, ha sufrido un quiebre debido a los preceptos constitucionales que orientan la política monetaria y financiera del país hacia un nuevo modelo denominado económico social comunitario productivo, éste establece que el Estado a través del órgano ejecutivo en coordinación con el Banco Central de Bolivia determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria, y que el sistema financiero será regulado por el Estado con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.

La profundización en el uso del boliviano (bolivianización o desdolarización), ha sido promovida desde el ejecutivo mediante cuatro medidas: apreciación del tipo de cambio, incremento del diferencial cambiario, un impuesto a las transacciones financieras en dólares y el paulatino incremento del encaje legal en dólares que las entidades financieras deben mantener en el Banco Central de Bolivia, mientras que el descenso en la tasa de interés activa se debe principalmente a la favorable situación de la economía, junto con la política de redistribución del ingreso que determina que haya más dinero en manos de la población, liquidez que obliga al sistema financiero la baja en la tasa de interés para créditos.

El desarrollo del aparato productivo parte de las políticas crediticias, implementadas por el órgano ejecutivo mediante la conformación de fondos administrados por entidades donde el Estado tiene participación, como el Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión, siendo una parte adicional por el volumen de financiamiento requerido, el encomendado al Banco Central de Bolivia para créditos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad y Finpro. Las bajas tasas en los créditos productivos otorgados por el Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión constituyen una señal de mercado que es seguida por las entidades financieras.

En consecuencia, el buen estado de la economía, la estabilidad de precios, la bolivianización y el desarrollo del aparato productivo se deben a la política económica cuya legitimidad se fundamenta en la Carta Magna de 2009 y propiciada desde el órgano ejecutivo por la instancia responsable de formular las políticas macroeconómicas.

(*) Economista UMSA