YPFB, con alevosía y premeditación

Escuché una vez una historia - no sé si verdadera, aunque suena verosímil– de un caballero, arrestado por internar droga a un país europeo, que se defendió diciendo que su propósito era “financiar, con la ganancia de esa entrega, un centro de rehabilitación de niños drogadictos”.

La anécdota me volvió a la mente al leer la respuesta a la petición de informe escrito que el Ministro de Hidrocarburos remitió a la Cámara de Diputados, más de dos meses después del plazo que concede el Reglamento correspondiente.

Si alguna vez tuve dudas acerca de las irregularidades cometidas por YPFB en la compra-venta de petróleo condensado, “Bolivian Blend” (BB), a Refinor que revelé en dos anteriores artículos, el Ministro se encarga de disolver esas dudas como el sol a la niebla.

Eso es, en efecto, lo que se desprende de la lectura del Informe Técnico GGL-001/2012 del 27 de abril de 2012, enviado al Presidente a.i. de YPFB por la plana mayor de su subsidiaria YPFB Refinación. Dicho informe, en síntesis, propone a YPFB (que acepta) una especie de “asociación para delinquir”, aunque, como en el cuento, escudándose en una buena causa. De ese modo, se planificó una millonaria operación de exportación de condensado a costa de una descarada defraudación de regalías, IDH y otras cargas, con el fin de obtener una ganancia neta de 73 millones de dólares (M$) para YPFB Refinación; resultado de la exportación de un valor de 248 M$ a Refinor y la importación de derivados refinados de esa planta argentina por un monto de 175 M$. Ese milagro proviene de la diferencia de 66,41 dólares por barril de condensado entre el precio de exportación y el de venta al mercado interno, a costa de sembrar el camino de “víctimas”: Gobernaciones (por las regalías); Municipios, Universidades, TGN, Fondo Indígena y FF.AA. (por el IDH); los Titulares de los campos productores, el mismo YPFB (por su participación en las utilidades) y, sobre todo, la imagen de la esa empresa pública, rebajada a reproducir prácticas propias de las empresas transnacionales y que fueron fustigadas con toda justicia a su tiempo.

Aclarados los hechos, que no han llegado a consumarse totalmente, una vez que la sigilosa operación salió a la luz pública, quedan algunas puntualizaciones.

Existen, en todo ese proceso, pecados constitucionales, legales, contables, tributarios, éticos y hasta políticos, como es pasar por encima del mismo D.S. 28701 de “nacionalización”. Ya habrá tiempo y lugar para desarrollar en detalle la anterior afirmación.

Ante el escándalo en puertas y acciones del SIN y del propio Ministerio, YPFB, en una implícita confesión de culpa, ha empezado a “rectificar” el pago de regalías e impuestos, convirtiendo la presunta ganancia en una eventual pérdida. De ser así, habría también un daño económico por contratos lesivos al Estado que debe ser investigado por las instancias pertinentes.

Por otra parte, llama la atención la actitud pasiva frente a ese fraude de las gobernaciones involucradas (Tarija y Chuquisaca). Que se sepa, no han movido un dedo para exigir de YPFB el pago correcto de sus regalías. Posiblemente esos 45 M$ defraudados no hagan falta a esos gobernadores, pero sí a su población que pronto les pedirá cuentas de su actitud sumisa.

Finalmente, declaro solemne y públicamente que renuncio a reclamar el 20 % del contrabando revelado. Si saqué a la luz este ingrato asunto fue sólo para reivindicar transparencia en la vida pública y que lo que se exige a los demás, desde la orilla de la ética, hay que exigirlo, con mayor razón, a uno mismo.

(*) Físico