En la medida que corre el tiempo y se van ajustando algunas actividades de los partidos políticos con miras a las elecciones del 2014, por supuesto que se hace patética la preocupación de los dirigentes de esas organizaciones que deben planificar con suficiente tiempo su agenda de trabajo en el que el principal ingrediente es el financiamiento de la campaña, eso significa el uso de recursos económicos, ni más, ni menos.
A la fecha ya han surgido candidatos presidencialistas, con y sin partido, pero para no quedar en el furgón de cola se apresuraron en tomar el tren que recién empieza a impulsarse para poder alcanzar más adelante una aceptable velocidad y capacidad para dar paso a la ubicación de los partidos y sus candidatos.
Como quiera que el tema más fuerte es el que corresponde al financiamiento, el asunto ha retornado a la discusión en los niveles oficiales, donde ya existen hasta tres opciones para tratar el complejo problema que en un momento dado fue eliminado por el mandatario, con un argumento que alegró a personas con problemas de discapacidad, pues se dijo entonces que ese dinero ya no gastarán los políticos, pero tal parece que tampoco benefició como se esperaba a centenares de ciudadanos con discapacidad.
El tema cobra nuevamente importancia porque en los niveles superiores de gobierno se analizan las contingencias que deberán asumirse para el próximo periodo electoral. Por una parte se menciona la posibilidad de que los partidos acudan a financiamientos privados con lo que estaríamos, como dice una canción, en las mismas condiciones la otra opción es que el Estado previo estudio y consenso entre partes reponga el presupuesto oficial para los partidos políticos y hay una tercera posición en la que se discutirían algunas alternativas de control en gastos de los partidos y en subvenciones parciales, por ejemplo sólo el rubro de cubrir los costos de propaganda y este es el más puntilloso en cualquier debate.
Según los dirigentes de la denominada oposición, el presupuesto estatal para los partidos políticos debe ser repuesto bajo condiciones de equidad y compromisos para el buen uso de esos fondos, lo que evitará distorsiones en el manejo y procedencia de recursos en algunos casos y el uso mediático indiscriminado, con apoyo de los medios que controla el Gobierno.
Los políticos y analistas que observan el asunto coinciden en que siguiendo el ejemplo de países serios y que estimulan la democracia participativa es importante que el Gobierno defina un financiamiento estatal hacia los partidos, aunque corresponde establecer la necesidad de reglamentar esa asignación en función a una serie de elementos que configuran la vigencia de los partidos, que por supuesto no son iguales.
La ventaja de reponer en nuestro medio este sistema, facilitará por lo menos en el desarrollo de las campañas un proceso más igualitario en cierto tipo de gastos, evitando despilfarros y una manera más horizontal de llegar a la comunidad, además de que en cualquier caso los beneficiarios del soporte estatal deberán demostrar la limpieza en el uso de recursos, eliminando la vieja práctica de comprometer dinero de dudoso origen en sonadas campañas que más tarde o más temprano cobrarán factura.
El problema en el momento es para la cúpula oficialista y para el Tribunal Supremo Electoral que maneja el anteproyecto de la ley de partidos y organizaciones políticas, normativa en la que debería incorporarse el delicado pero necesario asunto del financiamiento para los partidos.
Fuente: LA PATRIA
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