ANP pide reanudar investigación sobre asesinato de un periodista

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a una veintena de medios impresos del país, reiteró su pedido a la Fiscalía General de la República para que instruya la continuidad de las investigaciones sobre los incidentes violentos que provocaron lesiones serias y la posterior muerte del periodista de Radio Municipal de Pucarani, Carlos Quispe, el 29 de marzo de 2008.

A cinco años del trágico suceso y ante la proximidad de la prescripción del asesinato del comunicador, la ANP recordó que la Ley del Ministerio Público obliga a la conclusión de las investigaciones para establecer las responsabilidades de un hecho que es rasgo elocuente de impunidad.

De no mediar actuación alguna, en tres años podría extinguirse la causa que fue abierta tras la muerte de Quispe, un radialista de 31 años que en el momento del ataque de una turba permanecía en los estudios de la emisora, instalados en el edificio municipal de Pucarani, una población localizada a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz.

HERIDA ABIERTA

La ANP denunció en foros internacionales la impunidad en el caso de la muerte del periodista Quispe, y organizaciones como la Red Global de instituciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión IFEX-ALC, se solidarizaron con la causa y denominaron a este hecho como el “Caso emblemático” de impunidad en Bolivia.

Un informe de la Red para América Latina y el Caribe, difundido en 2012, señala que “la falta de voluntad o capacidad estatal se manifiesta en graves fallas de protección y en la ausencia o ineficiencia de mecanismos concretos, que se ve agravada por violaciones al debido proceso y al acceso a la justicia”.

“En América Latina son claras dos tendencias: la impunidad en violaciones graves, por un lado, y la existencia de entornos en los que hay episodios de violencia física de baja intensidad que, por ende, no son perseguidos de manera activa por el Estado, pero están insertos en un entorno de grave censura indirecta, ejercida incluso por el Estado mismo”, señala el análisis de IFEX-ALC.

LIBRES

La ANP expresa que con el transcurso del tiempo, la muerte de Quispe lentamente se extingue en manos de la justicia.

Tras los incidentes de marzo de 2008, tres procesos judiciales fueron abiertos. El primero busca responsables por robo agravado a la emisora, el segundo por homicidio (lesión y muerte de Carlos Quispe Quispe) y el tercero, por indemnización por muerte en fuente de trabajo.

El proceso por la muerte de Carlos Quispe se inició el 31 de marzo de 2008, por el fiscal de la ciudad de El Alto, Gregorio Blanco, y el juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Álex Gutiérrez Flores, según datos obtenidos por el periodista Ramos.

El caso estuvo a cargo de los fiscales de las ciudades de La Paz, El Alto, Achacachi y Pucarani. El caso radica actualmente en el despacho del fiscal de Pucarani, Rolando Soliz Plata, sin avances, según el testimonio.

“De rodillas, Carlos Quispe Quispe imploraba que dejaran de golpearlo. La turba había destruido todo a su alrededor; no iba a cesar el impiadoso castigo. La FM 90.7, Radio Municipal de Pucarani, quedó hecha trizas”, escribió Jorge Elías tras recoger varios testimonios para el portal Impunidad.com.

“¡Esta es la boca que habla!” Lo había identificado de ese modo, a los gritos, el presidente del Comité de Vigilancia del municipio de Pucarani, Julio Quisberth Quispe, tras una estampida que pateó la puerta, hizo trizas los equipos (la mezcladora de sonido, la computadora de control de emisión y la cabina de locución y operación) y comenzó a azotarlo con palos y chicotes hasta que intervino la Policía, según sus familiares y el asesor jurídico municipal, Samuel Lima, consultados por Elías.

Ninguno de los presuntos responsables se apersonó a prestar declaraciones y no existe ningún detenido en este caso evidente de impunidad, expresa la ANP.

Fuente: La Paz, 7 (ANP).–