Si hay algo que debe unir a los orureños es la defensa de su territorio y de sus derechos, inclusive llegando a la instancia de aplicar las medidas que fuesen necesarias para que se respeten ciertas condiciones que son parte de la integridad regional y del anhelo de cada ciudadano para vivir en condiciones aceptables, gozando de todos los beneficios que exige el tiempo presente.
El problema de los límites territoriales en el país tiene larga data y afecta a la jurisdicción propiamente de los nueve departamentos, pues si se hace un recuento de hechos producidos en diferentes periodos del último tiempo hay que convenir que desajustes en las cartas geográficas ocasionan disputas en el oriente, el valle y el altiplano es decir en el conjunto nacional debido a trabajos deficientes atribuidos al Instituto Geográfico Militar (IGM) y otras instancias ministeriales que no han podido regularizar los problemas para definir un mapa de Bolivia que se ajuste a las condiciones territoriales de cada distrito y no al interés político de autoridades presionadas en sus regiones.
Menos mal que se produjo una reacción oportuna en el debilitado Comité Cívico de Oruro para responder directamente a la pretendida intención de algunos políticos y equivocados dirigentes departamentales que en total desconocimiento de los territorios en conflicto y de algunas “costumbres que son leyes” en las comunidades, donde se marcan celosamente las propiedades que finalmente deben ser respetadas sino se quiere incurrir en un lamentable avasallamiento territorial.
El problema limítrofe entre Oruro y Potosí no es reciente, data de hace muchos años y se mantiene latente por la presión ejercida por políticos que conquistan a dirigentes campesinos bajo promesas arribistas en el esquema del Ejecutivo con el único objeto de crear zozobra entre los comunarios para fines vedados.
Si se trata de problemas limítrofes regionales corresponde que los mismos sean considerados en los niveles vecinales y en el terreno, pero con la participación del IGM que finalmente debe obrar de manera técnica profesional para dilucidar los casos que afectan la seguridad y la paz ciudadana.
La nueva autoridad que tiene responsabilidad para atender los casos sobre alteración limítrofe es el Ministro de Autonomías, que reconociendo una falla procedimental prefirió dejar sin efecto una resolución por la cual se despojaba a Oruro de aproximadamente 14 kilómetros cuadrados, denuncia valiente de una parlamentaria a la que no le dieron crédito los comunarios afectados. Menos mal que se rechazó el hecho y no se lo admitirá en el futuro.
Hay que criticar los errores de funcionarios prefecturales en el proceso del tratamiento legal del problema, permitiendo que se llegue a la instancia de que se dicte una resolución que menos mal ha sido anulada gracias a la decisión del pueblo de Oruro a través de sus instituciones y especialmente de la prensa que de manera oportuna reaccionaron para denunciar las irregularidades que ahora deben ser enmendadas de manera que no persista una posición sólo política y sin justificativo de territorialidad.
Es necesario que los parlamentarios —ahora en mayoría oficialista— analicen seriamente el problema de los límites departamentales y busquen diálogo con sus colegas de otros distritos para encontrar remedios prácticos a una situación de artificial enfrentamiento entre hermanos bolivianos, que no puede alentarse políticamente desde las prefecturas. La defensa de nuestro territorio es una obligación frente a cualquier contingencia.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.