Impuestos mineros: cero sobre cero, igual cero

El Ministerio de Minas, por medio de su Director de Asuntos Jurídicos Juan Carlos Carrasco, ha confirmado que se quiere para Comibol una participación del 55% en las utilidades de los proyectos mineros operados por privados. Porcentaje éste que sería fijado para los contratos de asociación del Estado con empresas privadas, previstos por la nueva Constitución.

El 55% de participación estatal, a través de Comibol, se daría una vez efectuado el pago de regalías. De imponerse este criterio en la futura Ley de Minería (en proceso de elaboración), la carga impositiva a la actividad empresarial se incrementaría a la increíble cifra de 91%; los operadores privados apenas retendrían el 9% de las utilidades netas. Esto son datos de los escenarios analizados en el libro Los dilemas de la minería, Fundación Pazos Kanki, 2012, y que hasta el momento no han sido contradichos por las autoridades del sector minero.

Dado ese nivel impositivo ¿habrá quien quiera hacer inversión minera en Bolivia? Hasta la pregunta parece ociosa.

Ya actualmente los impuestos mineros en Bolivia son los más altos en Sudamérica, y quizá en toda América Latina. Por concepto de regalías (considerando una utilidad del 35%) en Bolivia se paga entre el 6% y el 7%; en Argentina entre 0 y 3%; en Chile el 1.75%; en Perú el 2%. Con relación al Impuesto a las Utilidades de las Empresas y el Impuesto sobre Remesas de Dividendos, en Bolivia se paga el 45.3%, frente al 35% que se paga en Chile y Argentina, y 32.9% en Perú.

Si a ello se suma el ajuste por inflación y otros impuestos adicionales (ITE, IT, ITPVA, etc.), resulta que la presión impositiva (goverment take) sobre operaciones mineras con costos operativos del 70% (que es la situación de la mayoría de los proyectos mineros en Bolivia) se aproxima fácilmente al 67%; dos de cada tres dólares que genera la inversión privada se quedan con el Estado. Se entiende, entonces, que la política tributaria sea poco o nada competitiva para captar inversiones. Precisamente, la medición de Fraser Institute sitúa a Bolivia en el penúltimo lugar del ranking internacional en “Régimen Impositivo”, solo por encima de Venezuela.

Por si fuera poco, se buscaría subir (en la nueva Ley de Minería) las regalías por encima del promedio actual del 6%, además de incrementarse el impuesto por remesas de dividendos de 12.5% al 25%, con lo cual el nivel tributario se dispararía al punto de poner en riesgo la continuidad de las operaciones mineras.

Es posible que ese peligro escape al voluntarismo de los funcionarios de gobierno y de cierto sindicalismo minero. Naturalmente, subir los impuestos al precio de contraer la actividad minera carece de toda lógica económica. ¿De qué sirve forzar más impuestos si el resultado ha de ser el cierre de empresas, la pérdida de inversiones y, a fin de cuentas, la caída de la renta minera y de los beneficios sociales derivados de las explotaciones mineras?

Claro que hay quienes para los cuales la racionalidad económica no funciona, puesto que su racionalidad es eminentemente ideológica; repulsan la inversión privada y sueñan con volver atrás la rueda de la historia intentando, vanamente, revivir una Comibol dominante y autosuficiente. La pregunta obvia es si esta Comibol, con sus comprobadas falencias financieras, tecnológicas y empresariales podrá llenar el espacio que dejan las empresas privadas en su forzado repliegue; si fuera así quizá podríamos dormir tranquilos. Pero sabemos que no lo es. Desde ya, la performance del sector estatal anticipa la crónica de un fracaso anunciado.

Así pareció advertirlo el propio Presidente Evo Morales, en su mensaje anual del 22 de enero, cuando no pudo ocultar su desaliento mostrando las cifras de la caída de la producción en la nacionalizada mina Colquiri, junto con el súbito crecimiento de su nómina de trabajadores, lo que ha redundado en 103% de aumento de los costos laborales y una utilidad neta de -430%, en seis meses (julio a diciembre de 2012).

Los problemas de Comibol son los mismos del pasado: baja productividad, ineficiencia empresarial, falta de capital. Y eso no lo resuelve la ideología.

Entretanto, y mientras persista el empeño en bloquear la actividad privada o reducirla a su mínima expresión, la perspectiva de la minería boliviana es sombría. Quizás acabe reducida a un puñado de empresas estatales de dudosa viabilidad, rodeadas de un mar de cooperativas y explotaciones informales en denodada lucha por la sobrevivencia.

No hay duda que nuestra minería sigue atrapada en los viejos dilemas que en el siglo XX lastraron su potenciamiento cuando hoy más que nunca se precisa impulsar una minería moderna y competitiva, con visión de futuro, con mentalidad e instrumentos propios del siglo XXI. He ahí el drama que vivimos.