Miercoles 03 de abril de 2013
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Desde enero de 2006, el sector productivo del país ha vivido pendiente de que el gobierno cambie sus políticas restrictivas a las inversiones porque, desde su inicio, ha cerrado las puertas para que inversionistas extranjeros, conjuntamente los nacionales, no puedan invertir en fuentes que creen riqueza y generen empleo.
En principio, y muy especialmente después de la “nacionalización” producida en mayo de 2006 y que simplemente fue cambios de contratos con las empresas petroleras, se ha abierto un tren de espera interminable para la aprobación de la Ley de Inversiones conjuntamente disposiciones que garanticen al capital privado. Vana espera porque no quedaron ni esperanzas.
El gobierno sabe perfectamente que el país no saldrá de la pobreza, ni siquiera iniciando un desarrollo incipiente, sin inversiones; al contrario, lo más probable es que compañías que aún trabajan en el país, especialmente en minería, no sólo dejen de invertir sino que, más temprano que tarde, abandonen el país.
Lo grave de la situación creada es que las medidas restrictivas contra las inversiones y la ausencia de garantías para la producción, han creado climas adversos al país; en otras palabras, Bolivia se convirtió en “país difícil para pensar siquiera en inversiones, por falta de garantías y seguridades para el capital privado”. No obstante ello, hay muchos capitalistas que mantienen la esperanza de que cambien las políticas negativas y haya apertura gubernamental al capital privado.
