ANP advierte de “fines políticos” detrás de Ley de Seguro de Vida

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El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León, denunció que detrás de la Ley de Seguro de Vida para trabajadores de medios de comunicación se revela la existencia de “fines políticos” contrarios a la libre empresa y orientados a una “intervención estatal” en las empresas periodísticas.

Consultado por ANF en relación a declaraciones del secretario general de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Boris Quisbert, que anticipa un control gubernamental para conocer los “ingresos reales” de los medios de comunicación, León lamentó que la norma tenga “finalidades políticas totalmente ajenas al Seguro de Vida”.

La Ley “atenta contra el derecho constitucional de libre empresa y abre camino a la intervención estatal en los medios”, explicó León al comentar la versión de Quisbert difundida por una emisora gubernamental el pasado miércoles 27 de marzo.

“La ANP considera que los señores miembros del Tribunal tienen suficiente capacidad profesional y principios éticos para analizar si procede o no dicho recurso. La ANP confía en la sabiduría y responsabilidad de los miembros de ese Tribunal”, expresó León.

Ratificó el respaldo de la organización, que agrupa a los veinte medios impresos y agencias de noticias más importantes del país, al seguro de vida para los trabajadores de la prensa, pero alertó sobre la ausencia de mecanismos transparentes de administración del fondo privado.

El gobierno que promulgó la Ley No. 315 de Seguro Privado de Vida e Invalidez para los Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa, el 10 de diciembre de 2012, prometió un beneficio de 25 mil dólares a las familias de los beneficiarios fallecidos y actualmente trabaja en la reglamentación de la norma.

El fondo privado estará formado con el aporte del 1 por ciento de los ingresos brutos mensuales generados por los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, privados y públicos, expresa el artículo sexto de la Ley.

Agrega que en el caso de los productores independientes autogestionarios, así como los medios de comunicación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, de las Comunidades Interculturales y Afrobolivianas y del sector social comunitario, aportarán el cero veinticinco (0,25 %) de sus ingresos brutos mensuales.

Trabajadores de los periódicos La Razón, La Patria, Los Tiempos, El Deber, El Día, El Sol, La Palabra del Beni, La Prensa, Gente de Cochabamba y Página Siete cuestionaron la formación del Consejo de Administración del fondo y reclamaron mayor participación de los beneficiarios.

Quisbert anunció que la aplicación de la norma permitirá conocer el universo real de los trabajadores de la prensa, un comentario que León considera la confirmación de la falta de un estudio técnico sobre el número de beneficiarios y de la cantidad de dinero requerido para cubrir el nuevo seguro.

El Director Ejecutivo de la ANP lamentó las proyecciones políticas del dirigente que anunció un fortalecimiento de las organizaciones sindicales alrededor de la afiliación de asegurados, y afirmó que esos objetivos desvirtúan la esencia de un proyecto destinado a proteger a un sector laboral del país.

“Si para acceder a ese seguro es requisito indispensable pertenecer a un sindicato, se atenta contra el derecho constitucional de libre sindicalización y contra miles de periodistas independientes que no tienen el menor interés de sindicalizarse. El seguro debe beneficiar a todos, sin distinción de militancia ideológica o partidaria, se esté o no en función de gobierno, que es una situación siempre coyuntural”, expresó.

Quisbert justificó la aplicación de un seguro de vida exclusivo para trabajadores de la prensa y puso como ejemplo la vigencia de seguros especiales para el personal de la policía y las Fuerzas Armadas.

“Parece correcto que esos sectores tengan esos beneficios, pero no es justo que otros trabajadores como los maestros, los mineros, los petroleros y de otros sectores no lo tengan. Crear el seguro de vida para los trabajadores de la prensa es altamente discriminatorio y corresponde a la Central Obrera Boliviana (COB), incorporar esa demanda de justicia social”, expresó León.

Fuente: La Paz, 1 (ANF) –