Continúa la cuestión marítima

El Presidente Evo Morales Ayma, ha tenido que repetir por segunda vez, cual lo hizo el 23 de marzo del año 2011, este pasado 23 de marzo, el mismo argumento de una estrategia jurídica para acudir por la vía del derecho a tribunales internacionales, utilizando para ello los medios pacíficos que el derecho internacional nos confiere, y añadió que se acudirá a todas las instancias internacionales para demandar nuestra reintegración marítima.

Ahora bien, como no conocemos cual será el contenido de la posible demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya o indistintamente ante la Corte Permanente de Arbitraje, en el entendido de que ante la primera estaríamos en la posibilidad de que se declare sin competencia para conocer el litigio, por determinación del Pacto de Bogotá, que tantos internacionalistas nos han hecho conocer, y que consiste en que se inhibe de conocer conflictos resueltos mediante tratados suscritos antes de la aprobación de ese Pacto de Bogotá que data del año 1948. En el segundo caso ante la Corte Permanente de Arbitraje, solamente se tendrá que resolver si hubo incumplimiento del contenido del Tratado de 1904, cuyo objetivo simplemente sería lograr resolver las falencias del mismo, pero de ninguna manera la restitución de nuestra costa marítima.

Lo cierto es que paralelamente a la demanda (cualquiera que ella sea, tal como lo comentamos), deben tenerse en cuenta los intereses peruanos, cual lo sostiene el internacionalista Gustavo Fernández Saavedra, coincidente con otros internacionalistas bolivianos.

Se sabe que ciudadanos chilenos han estado manipulando permanentemente los hitos en la frontera, sin que nuestros gobiernos hubieran tomado con seriedad el problema, y de ahí es que aquellos tres soldados bolivianos que perseguían a delincuentes, estaban en territorio boliviano, pero que a la postre por la falta de dichos hitos fronterizos carabineros de Chile, consideró que habían ingresado a territorio chileno, cuando ello no es cierto.

No debe ignorarse que la geopolítica y la geoeconomía son valiosos instrumentos de la política y la estrategia expansionista de Chile, y de ello debemos tener mucho cuidado los bolivianos. Tampoco debe olvidarse que Bolivia fue a la Sociedad de las Naciones en Ginebra buscando la restitución del Litoral, alucinados por el resplandor engañoso de los principios de justicia y derecho, donde no tardamos en fracasar.

Ahora bien, nuestro país es parte integrante de la Celac, Unisur y Mercosur, instrumentos creados para la defensa de los intereses de sus integrantes, de manera que el gobierno boliviano tiene la oportunidad de lograr el apoyo de estas instituciones de carácter latinoamericano, entendiendo que el problema está precisamente en la región, de la cual es parte integrante Chile, haciendo constar que es una causa común del continente, de modo que se logre un éxito.

Pero, rescatemos aquel criterio del desaparecido internacionalista don Jorge Escobari Cusicanqui, que señalaba: “el problema de la reintegración marítima requiere, inexcusablemente, de la selección previa de una fórmula de solución que cuente con el asentimiento mayoritario del pueblo boliviano, por tanto, su análisis y discusión no deben ser relegados únicamente a niveles oficiales del gobierno, de la Asamblea Legislativa y de círculos confidenciales”.

Si acaso sea una realidad aquella acción judicial, esta debe contener bases firmes y una excelente preparación del ambiente, por lo que es correcto advertir que sería la última oportunidad para nuestro país, lo que significa que no tenemos derecho a equivocarnos. No olvidemos que se trata de una sagrada demanda de Bolivia, por la reivindicación marítima, porque es el sentimiento con el cual los bolivianos nacimos a la vida, y porque es un asunto fundamental dentro de la realidad geográfica e histórica del país y de América. Sin salida libre al mar, no hay solución económica, política, social o histórica para el país. Eso debe sopesar el gobierno de Evo Morales Ayma.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada)

(*) El autor es periodista y abogado constitucionalista