La pérdida de legitimidad facilitó el empoderamiento
07 ene 2010
Por: Walter Milton Rojas Ledezma
La marcha al oriente se inicia en 1952 pero empieza tener una verdadera incidencia en el desarrollo de la región hacia inicios de los años 70, cuando se amplía la frontera agrícola y especialmente en el primer gobierno del general Banzer, se fomenta esta expansión que trae consigo mayor crecimiento económico, dinamismo demográfico, urbanización y reducción de la pobreza, sin embargo y probablemente por la dinámica aislada que caracterizó a la región en los años anteriores a este proyecto. En la cúspide de este primer ciclo expansivo, se detecta una falta de maduración política de las élites cruceñas que no generaron liderazgos regionales consistentes, capaces de promover consensos con las élites occidentales, consensos que quiebren el círculo vicioso de fragmentación y desigualdad.
En síntesis, si bien la modernización del nacionalismo revolucionario fue altamente centralizadora de las decisiones y de los recursos, y su vínculo con la sociedad se hizo a través de sectores corporativos y no territoriales, necesariamente: su proyecto se sintonizó con los intereses de las élites cruceñas, generando una dinámica en la cual se sembraban las semillas socio económicas; del actual impulso autonomista. A su vez la propia convergencia corporativa del gobierno central y las élites económicas retrasaba la creación de la voluntad necesaria para hacer de ese particularismo, una fuerza capaz de crear tensiones por la redistribución territorial del poder.
Ambas medidas de integración, al estar subidas a estas falencias históricas para que el Estado Boliviano avance hacia una apropiación más sólida de su propio territorio, configuran un centro gris de intercambios inestables que convive con extremos claros de particularismos étnicos y regionales, no identificables claramente en actores concretos sino presentes como estratos geológicos en la construcción de las identidades de todos los actores colectivos.
Tres factores interconectados son los que han derivado en la actual crisis sociopolítica boliviana.
Primero el cambio de matriz económica de lo estatal a lo privado tuvo como consecuencia directa el desmantelamiento de las precarias, pero presentes, redes de seguridad social que instauró el nacionalismo. Se redujo el trabajo asalariado y se despidieron a miles de trabajadores mineros, algunos se insertaron en la actividad agrícola, otros se convirtieron en cooperativistas, mientras que otros se insertaron a la economía de la coca, este contingente de nuevos actores, muchos de los cuales migraron a la ciudad de El Alto, Santa Cruz entro otros destinos urbanos, se constituyeron en la columna vertebral de la informalización de muchas relaciones sociales y políticas, por otro lado la economía privada que nunca alcanzó un crecimiento acorde a las necesidades de empleo de esta población, por su volatilidad y falencias estructurales, se constituyó en una plataforma bastante distinta de relacionamiento con el país.
Segundo, el fenómeno de la globalización, caracterizado por una cada vez más densa red de códigos comunicacionales a nivel mundial, relacionado con el crecimiento de las redes informáticas, telefonía móvil y televisión satelital manejada por carteles mundiales. Entre estas características, tuvo un efecto directo en esta ya clara dicotomía entre lo formal y lo informal. Bolivia siempre ha sido altamente desigual, la combinación de cambio social interno y globalización a nivel externo, hace que los bolivianos de hoy tengan menos códigos comunes y planos de reconocimiento mutuo que los que tenían los bolivianos de hace treinta años, en este sentido la globalización ha actuado como amplificador de las desigualdades.
Diremos por último que los partidos políticos fallaron en su función intermediadota por factores internos y externos. Desde el punto de vista interno la forma de hacer política a través del clientelismo y el caudillismo, que no pudieron ser subvertidas por ninguna modernización, dificultó a las organizaciones partidarias al crear estructuras complejas y liderazgos flexibles, capaces de adecuarse a dicho cambio social e integrar a los nuevos actores en procesos deliberativos que pudieran absorber nuevas políticas de inclusión social. La territorialización de los municipios vía Participación Popular, las reformas electorales, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, por otro lado se constituyen en el contexto institucional que ante la pérdida de legitimidad del anterior sistema político, facilitaron el empoderamiento de los impulsos políticos regionalistas y étnicos.
(*) Abogado
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