Están sucediendo muchas cosas realmente adversas a nuestros buenos propósitos de ser muy bolivianos, pero todavía más orureños, pues las condiciones políticas pretenden imponerse creando situaciones conflictivas entre hermanos de una misma tierra y en una misma patria, todo por sostener posiciones de egolatría, por un lado y falta de autoridad por otra, lo que nos conduce a buscar soluciones acudiendo a extremas posiciones que pueden degenerar en hechos lamentables, que Dios quiera no se den.
Parece evidente esa denuncia de un dirigente sindical, cuando dice que el Gobierno está apostando al cansancio de los orureños para romper su fortaleza e imponer una caprichosa, ilegal y autoritaria ley departamental, que en los hechos no es más que una medida de abierta adulación de unos malos representantes departamentales en pos de asegurar sus cargos en la instancia de la Asamblea Departamental.
Es triste y vergonzosa la actitud de algunos asambleístas que han perdido el norte de sus responsabilidades, que deben estar en directa relación con la atención y solución de todos los problemas de la comunidad y no en satisfacer sus apetitos zalameros de quedar bien con quienes les permitieron alcanzar un puesto en la administración pública para que puedan servir a sus hermanos y no servirse de su transitoria ocupación para lograr fines personales.
El problema que se ha planteado en Oruro con una “ley departamental” que no tiene ningún justificativo legal, pues el cambiar de nombre a una institución vigente desde hace muchos años, ni es atribución de la Asamblea, ni es elemento determinante para mejorar ninguna situación que tenga beneficios colectivos, lo único que ha conseguido es causar una reacción – eso sí justificada – de la ciudadanía en defensa de su historia y sus instituciones.
El asunto comenzó en la celebración del aniversario orureño al inaugurarse parcialmente la ampliación y modernización del Aeropuerto “Juan Mendoza” de Oruro, hecho que ha sido agradecido y reconocido por los orureños, pues se atendió un planteamiento de hace muchos años y parecía parte de esa premisa presidencial de “gobernar escuchando al pueblo”.
Sin embargo, sucede que la egolatría funcionaria y la intencionalidad de agradar al “jefe” llevó a ciertos asambleístas del distrito a emitir sin consenso de la Asamblea esa ley 045, que cambia el nombre del aeropuerto, desconociendo méritos, historia y derechos bien adquiridos en una ciudad que se precia de respetar a sus prohombres y que no permitirá el agravio de políticos.
Este problema que se prolonga más de un mes merece una urgente solución, pacífica, razonable en función a la historia para deslindar lo que se observa en el bajo fondo de los hechos al analizar un par de decretos anteriores que tienen que ver con el aeropuerto y uno de ellos, “maliciosamente” elimina la designación de Juan Mendoza, en lo que además puede ser parte de todo un ensayo para medir la reacción ciudadana, ante la intención de cambiar el nombre inclusive de Oruro, como lo planteó desafortunadamente otro asambleísta del partido gobernante en nuestra ciudad.
Lo que corresponde de inmediato es que se reúna la Asamblea y anule su ley 045, devolviendo la calma a la colectividad, no sin antes disponer una disculpa al Presidente por haber ocasionado el manoseo de su nombre, cuando él no solicitó, ni se le consultó para cambiar por su nombre el que tiene por muchos años el aeropuerto de Oruro.
Los orureños seguiremos luchando contra la adversidad, evitando la división que propugnan los políticos para debilitar el movimiento cívico regional.
Fuente: LA PATRIA
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