Tipnis: Gobierno e indígenas llegan a instancias de la CIDH
17 mar 2013
Fuente: Redacción central, 16. (ANF).-
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En audiencia realizada el viernes 15 de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington Estados Unidos, representantes del gobierno nacional encabezados por el ministro de Gobierno, Carlos Romero y dirigentes de los indígenas del país presentaron sus argumentos sobre el tema de la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El Memorial de solicitud de audiencia ante la CIDH fue presentado por Adolfo Chávez, presidente de una de las Confederaciones de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y Fernando Vargas presidente de la Sub central del Tipnis, donde afirma que indígenas de este territorio viven en autoaislamiento voluntario.
En la audiencia, la representación del Estado boliviano expuso argumentos objetivos existentes contra las ONGs, que presuntamente explotan madera en el interior del Tipnis, además contra los dirigentes Adolfo Chávez y Fernando Vargas.
Romero, quien fue acompañado por la dirigente indígena de la paralela de la Cidob, Melva Hurtado; Carlos Fabricano, Presidente de la Subcentral Sécure y Gumercindo Pradel, Cacique del Conisur, informó además que según el memorial presentado por los peticionarios, “los indígenas del Tipnis se han declarado como pueblos en autoaislamiento voluntario y que por eso se aprobó la Ley de Intangibilidad”.
En respuesta, Vargas denunció además que la consulta no puede ser previa porque existe un contrato de construcción de la carretera desde hace 4 años y que el proyecto provocará el exterminio de pueblos que habitan el Tipnis y áreas protegidas con un impacto sobre 600 mil hectáreas de bosque.
Asimismo, acusó que la carretera contribuirá al calentamiento global, haciéndose eco de las distorsionadas e interesadas versiones sobre la magnitud de deforestación que ocurriría en el Tipnis, sin hacer ninguna mención a los contratos de deforestación de más de 500 árboles de madera mara que han sido suscritos por estos dirigentes.
Los peticionarios argumentaron además que “la carretera se usará para el narcotráfico” y que por esa razón se procedió a la “militarización y la colonización de cocaleros”.
La autoridad gubernamental informó a la CIDH que el Estado procedió estos últimos años al saneamiento de 22.5 millones de hectáreas en Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) a favor de indígenas, de los cuales 13,3 millones de hectáreas son para indígenas de tierras bajas lo que representa 410 hectáreas de tierras por familia y 82 hectáreas por persona.
El ministro Romero dijo que se han destinado aproximadamente 39 millones de bolivianos en proyectos productivos y más de 100 millones de bolivianos a través del programa Evo Cumple canalizados por el Ministerio de la Presidencia.
Explicó el funcionamiento del Fondo Indígena de cogestión con porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con más de 500 proyectos comprometidos con un saldo a favor de más de 100 millones de bolivianos para los indígenas.
EXPLOTACIÓN
Romero reveló que el Tipnis se ha convertido en un objeto de actividades de depredación ilegal y que dirigentes comprometieron 200 mil hectáreas de bosque y suscribieron contratos de comercialización de 1.500 árboles de mara y contratos de aprovechamiento de fauna silvestre con ONGs: Earth Rights International (ERI), Due Process of Law Foundation, (Fundación para el Debido Proceso, DPLF, en español) y Fundación Construir, Red Jurídica Amazónica (RAMA).
En cuanto al carácter previo de la consulta realizada en el Tipnis, el ministro Romero dijo que ese proceso se sujetó a los estándares y requisitos mínimos de la CIDH. Luego aclaró que la consulta se hizo a los corregidores de los pueblos indígenas y fue aplicada en 58 de 69 comunidades, en 11 meses. Se usaron cinco meses para el consenso del procedimiento y seis para la consulta en sí con pleno respeto a las instituciones orgánicas naturales, dijo el ministro.
Acerca de la supuesta violación de la ley de intangibilidad, Romero recordó que la realización de otra marcha de indígenas que rechazaban esa condición obligó al Estado boliviano a realizar la consulta “previa”, pues se demostraba que la demanda de aprobación de esa norma no fue producto del consenso de las comunidades del Tipnis.
Fuente: Redacción central, 16. (ANF).-
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