Sábado 16 de marzo de 2013
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Un problema creado por la tozudez de algunos ciudadanos que gozan de representación popular en la Asamblea Departamental, instancia utilizada además para la emisión de leyes, que aún no tienen carácter de legalidad plena por falta de instrumentos que regulen tal normativa, como lo reconocen los mismos “legisladores”, está provocando muchos perjuicios a la comunidad pero además poniendo en riesgo la seguridad de las personas y alentando un peligroso enfrentamiento entre orureños.
Las organizaciones departamentales más connotativas en su representatividad popular se han pronunciado en defensa de los valores históricos de la ciudad, como son el Comité Cívico, la Central Obrera Departamental, la Universidad en todos sus estamentos, sectores gremiales, profesionales, empresariales y también los que demandan respeto a sus propias determinaciones, como sucede con el Concejo Municipal, donde se aprueban las determinaciones que tienen que ver con la nominación o asignación de nombres a calles, plazas, parques e instituciones de servicio público, tal el caso del aeropuerto.
El problema, que ya se ha prolongado por mucho tiempo y tiende a agravarse peligrosamente, es nada más que el resultado de una posición enteramente política y que como corresponde ha sido respondida con la reacción cívica de la población ante un abierto avasallamiento a las disposiciones en vigencia que son normadas por el Gobierno Municipal y no son atribución de la Asamblea Departamental que tiene otras que lamentablemente las incumple.
Fuente: LA PATRIA
