Martes 12 de marzo de 2013
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Desde la concepción epistemológica, taxonómica o desde cualquier punto de vista de la comprensión humana, entendemos por principio de autoridad a una fuente de potestad incuestionable de dirigir o delegar funciones, otorgadas por el Estado a través de normas, para, en base a ello, operacionalizar acciones regidas por líneas de mando establecidas, para seguir un orden predeterminado, en las cuales se puedan basar organismos sociales constituidos para un determinado fin.
Pero, y lamentablemente, este principio no se aplica en algunas unidades educativas; siendo todo lo contrario, donde: en algunos centros educativos se ha perdido el principio de autoridad, quizá debido a que algunos directores al margen de desconocer procesos administrativos, desconocen teorías administrativas y/o sencillamente no saben cómo llevar adelante una Unidad Educativa, a pesar de ser rotulados como institucionalizados.
Quizá incididos por factores como: docentes antiguos que se resisten a algunos cambios o a nuevas reglas de trabajo, docentes que imperan orden jerárquico de beneficio personal, personal administrativo y de servicio que no cumplen sus funciones y que en muchos casos crean un clima institucional paupérrimo, juntas escolares que bajo intereses de ciertos grupos determinan un enfoque administrativo de laissez faire, autoridades superiores sean distritales o departamentales que disgregan procesos eficientes de administración y, la injerencia excesiva de algunos padres de familia en el quehacer educativo, que sólo velan intereses patriarcales en desmedro del estudiantado, las cuales desembocan en una educación carente de calidad, de valores en el crecimiento humano, desvirtuando el accionar educativo y desembocando a que no respondan a políticas educativas que contribuyan a consolidar el estado boliviano.
