Cuando se planteó la creación de un “seguro de vida” para los periodistas, fueron justamente los empresarios de medios que buscaron coordinación con las organizaciones profesionales y gremiales del periodismo para concretar un anhelo de los trabajadores de contar con un instrumento que otorgue seguridad a su delicada tarea cotidiana, rodeada de permanente peligro en diversas circunstancias.
Inicialmente se intercambiaron ideas sobre el proyecto, aunque ya varios medios escritos disponían del seguro para sus periodistas como efecto de acuerdos entre partes para su financiamiento y cobertura respectiva en los casos de su objetivo fijado. Sin embargo y con la idea de ampliar el beneficio a la mayor cantidad de beneficiarios posibles se comenzaron las primeras negociaciones, que no fructificaron porque se cruzaron los planes anticipados por el Poder Ejecutivo, con otros fundamentos, especialmente en la forma de su sostenibilidad como medida para servir a los trabajadores de la información.
Se corrieron algunos trámites, se trató de “emparentar” criterios, pero fueron más las contradicciones que los puntos de avenencia en un proyecto que finalmente no fue consensuado con los directos beneficiarios y los responsables del financiamiento del seguro de vida para periodistas, lo que mostró muy claramente un factor de inseguridad en el objetivo que debía cumplir la norma para ser efectivamente seguro.
Pese a muchos reclamos, sugerencias que se perdieron en prolongadas sesiones, el proyecto siguió su marcha hasta que entró en consideración del Órgano Legislativo, sin que se haya agotado las instancias del diálogo y la concertación con los interesados. De ese modo la Asamblea impuso un “Consejo Directivo” que en su constitución tiene una mayoría de representantes del área gubernamental, en tanto que los beneficiarios y los que financiarán el seguro tienen mínima representación, por tanto se pone en duda una solvente administración de los recursos que serán debitados de las magras utilidades de los medios de comunicación.
Actualmente hay un error formal en la vigencia de un seguro para periodistas que se dice privado y así debería ser por la condición de su financiamiento, pero que en realidad será administrado por una mayoría de funcionarios públicos, lo que no garantiza de ningún modo la independencia de una nueva entidad que administre un seguro de vida para un sector muy sensible a condiciones adversas en el desempeño de sus labores diarias y que merece tener un verdadero seguro para su tranquilidad presente y futura.
Bajo estas condiciones que se presentan como motivación para seguir insistiendo en una adecuación más regular y participativa, se espera que en el trabajo de reglamentación de la norma sean incluidos los directos representantes de los sectores que tienen que ver el seguro y su aplicación, con su financiamiento y sostenibilidad y no sólo con la parte administrativa de recursos que aportarán los medios privados, en desiguales condiciones con los medios gubernamentales.
De lo que se trata es que los periodistas, particularmente, tengan un seguro de vida en condiciones asequibles a sus necesidades de urgencia, especialmente en los tiempos actuales sumamente peligrosos cuando las agresiones a los periodistas se han multiplicado ostensiblemente, sumando medio centenar en la gestión pasada, un número alarmante y además con un buen número de hechos que no han sido esclarecidos.
Lo que se plantea entonces es que los periodistas gocen de un seguro de vida, absolutamente seguro.
Fuente: LA PATRIA
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