Para el conjunto del empresariado nacional las nacionalizaciones recientes de subsidiarias extranjeras, el caso de Sabsa, Abertis y otras, ha dejado una estela de dudas sobre el futuro de las inversiones en el país, tomando en cuenta que la “medida boliviana” se ha sentido en los mercados externos como una amenaza a la inversión de capitales, sean de donde fuesen.
Sin embargo los empresarios nacionales consideran que el Gobierno cumplirá las promesas de incentivar al sector productivo nacional, lo que se traducirá en facilidades de inversiones que estén debidamente garantizadas a través de un instrumento legal que en este caso sería la “Ley de Promoción de Inversiones” para fines de impulso financiero y próxima a su aprobación.
Ejecutivos de las organizaciones empresariales del país coinciden al señalar que “se necesita un marco legal que garantice las inversiones, nacionales y extranjeras” se supone con un conjunto de medidas que eviten contingencias que se conviertan en alguna forma de estatización que al concretarse ahuyenta las opciones de capitalizar algunos proyectos importantes en el país.
El anteproyecto de la Ley de Promoción de Inversiones estuvo en poder del organismo empresarial desde fines de enero pasado, en un proceso de análisis, debate y aprobación de sugerencias para devolver tal documento a la instancia presidencial que a su vez debía también confrontar con otras entidades los alcances del anteproyecto para luego ser enviado al Órgano Legislativo para su examen final y aprobación.
Lo que se espera es que con la aplicación de nuevas leyes prácticas se cambie un modelo que todavía denota incertidumbre e inseguridad para inversiones lo que demora proyectos que podrán aumentar los índices de producción y la creación de fuentes de empleo seguro, tan necesarias en el país.
En torno al tema de las nacionalizaciones y la consiguiente compensación por parte del Estado, el anteproyecto de Ley incorpora un artículo especial en el que señala: “Las controversias que surjan por efecto de las nacionalizaciones serán solucionadas por vía arbitral, para lo cual el Procurador General del Estado actuará como defensa”, se añade que en esos procesos “el Estado reconocerá un pago justo y oportuno a las inversiones realizadas y esa cancelación comprenderá el descuento de las deudas tributarias, laborales y sociales, y se realizará en el país, en moneda nacional”.
Sin lugar a dudas el artículo precedente, como parte del anteproyecto de la ley de inversiones, mantiene un ambiente poco favorable a las inversiones, cuando es necesario emitir mensajes contundentes que aseguren el respeto pleno a la incorporación de capitales nacionales o extranjeros a nuestra economía.
La secuencia analítica muestra una indefinición en el Poder Ejecutivo cuando por una parte se habla de aplicar la Ley de Promoción de Inversiones para garantizar el movimiento de capitales y seguramente tecnología y otras ventajas para favorecer el crecimiento de las operaciones productivas, empero por otra parte los promotores de la norma mantienen disposiciones que hacen ver posibilidades de más nacionalizaciones, aclarando simplemente que de producirse el hecho habrá una justa compensación.
Lo que se necesita son reglas precisas en la Ley de Inversiones de modo que no tenga contradicciones que por supuesto no serán nada favorables a la intención que tienen los empresarios de contar con un instrumento para invertir y producir bajo garantías plenas a la “provisión de capitales”.
Fuente: LA PATRIA
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