La posición que han asumido a nivel político algunos de los asambleístas oficialistas en torno a mantener vigente una Ley Departamental que cambia el nombre del aeropuerto orureño puede derivar en una división entre instituciones y personas que al profundizarse se puede convertir en serias confrontaciones que es lo menos que se espera en este tipo de casos.
Un paro de 24 horas que ya fue cumplido por la orureñidad debió considerarse como una muestra del criterio ciudadano en defensa de sus derechos, de la historia de su comunidad y del respeto a sus héroes, moviendo a sus autoridades a aceptar esa voluntad y retirar una determinación que además, por lo que se explicó, carece de plena legalidad al no haberse aprobado aún las normas que le dan derechos y obligaciones a la Asamblea cuestionada.
La tozudez de ciertos asambleístas empeora las cosas, pues la resistencia civil a una disposición de una tendencia política es muy clara y contundente, lo que se demuestra con un nuevo paro de labores y por 48 horas, por supuesto con el apoyo de las más connotadas instituciones de la actividad local que se sumaron incondicionalmente a la convocatoria del organismo laboral, la COD y a las medidas del Comité Cívico que inclusive se trató de sustituir con un apócrifo directorio de clara tendencia partidista.
No se entiende la obstinación de asambleístas y del Gobernador que persisten en su posición política y desoyen las voces de miles de ciudadanos que están defendiendo nada más que un derecho adquirido históricamente y que no puede vulnerarse por pasiones coyunturales.
En este momento, con esas actitudes el que pierde es el pueblo de Oruro, el Departamento y visto desde el interior e inclusive internacionalmente, como un distrito en el que los derechos ciudadanos no cuentan porque se imponen las consignas egoístas de personas que no tienen sentimientos regionalistas para asumir responsablemente el deber de servir a su comunidad.
La terca posición de mantener una nominación que ha sido resistida por su atrabiliaria aplicación, no le hace ningún favor al Primer Mandatario y menos al partido gobernante, al contrario la sencillez y humildad que denota el Jefe de Estado en sus actos caen a la mínima expresión de reconocimiento porque sencillamente las designaciones o nominaciones forzadas nunca son bien recibidas y menos si además con un acto de esa naturaleza se afecta, se daña y se divide a toda una comunidad que sólo quiere vivir en armonía con su historia y sus derechos.
Lo que deben entender los obstinados personeros de la Asamblea es que aún están a tiempo de retirar su resolución, quizás admitiendo un error y aceptando la propuesta de sus colegas (opositores) de pedir disculpas al pueblo de Oruro y al Mandatario por el impasse surgido y reponer las cosas como siempre han sido. Ya el Presidente de los bolivianos tendrá oportunidad de aceptar otras nominaciones de grandes obras, allí donde no se afecten sentimientos y derechos.
Hay que evitar mayores perjuicios pero sobre todo pacificar a la ciudadanía que está en apronte para mantener su posición en defensa del Aeropuerto Internacional Juan Mendoza N, designación que no debe alterarse, al contrario merece relievarse por los méritos del destacado prohombre que dio renombre a su tierra por ser la primera del país donde comenzó la aviación civil.
Fuente: LA PATRIA
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