El informe de un parlamentario sobre la deficiente ejecución presupuestaria en municipios del país y de Oruro en particular es una llamada de atención sobre la responsabilidad de aquellas autoridades encargadas de invertir positivamente los recursos asignados para la realización de proyectos que beneficien a miles de ciudadanos.
La explicación sobre el seguimiento al informe del Ministerio de Economía y Finanzas se refiere al cierre de operaciones en la gestión del 2012 en lo que corresponde a la ejecución presupuestaria de recursos para inversión pública que deben ser utilizados en la mayor cantidad de proyectos de desarrollo a favor comunitario y que nada tienen que ver con los recursos dispuestos para el gasto corriente de los municipios.
La preocupación es latente pues el informe ministerial establece que los municipios del Departamento de Oruro no ejecutaron, nada menos que 486 millones 704 mil 061,30 bolivianos que prácticamente serán revertidos a su fondo original, lo que constituye una lamentable pérdida y el perjuicio consiguiente en la perspectiva de encarar proyectos de orden prioritario en los municipios y especialmente en el de Oruro.
Más allá de esas referencias que al provenir del Ministerio de Economía y Finanzas se establece que la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro fue apenas de algo más del 47 por ciento lo que significa perder casi 190 millones de Bs. que muy bien pudieron servir para encarar programas de saneamiento básico en la ciudad, de manera especial en varias zonas donde falta alcantarillado, agua y hay problemas de atención primaria en lo que corresponde al mantenimiento de vías de acceso a los barrios, pues por las fuertes lluvias las que eran calles prácticamente han desaparecido.
Este tipo de información por supuesto que causa desazón en la comunidad ya que se observa una postergación de las expectativas ciudadanas, de las inquietudes vecinales y del derecho ciudadano a vivir mejor… todo por una deficiente labor administrativa para dar buen uso a los recursos públicos que al no ser gastados efectivamente tendrán que “devolverse” para ser reasignados a otras cuentas de la administración estatal.
El problema del manejo financiero tiene altibajos en todos los municipios, son una excepción los pocos que se acercan al 60 % de ejecución, la mayoría tiene graves problemas que les impide servir efectivamente a la colectividad.
Otro tanto sucede con recursos que maneja la Gobernación, igualmente con bajo porcentaje de ejecución aunque se quiera demostrar lo contrario con argucias que están fuera de lugar, si se entiende que en el caso local se arrastran cuentas desde la gestión prefectural y no se ha hecho nada concreto para recuperar esos fondos y concluir varias obras, ahora en franco deterioro como por ejemplo la doble vía a Vinto y el embovedado del Tagarete.
Este panorama es complejo, pues teniendo los recursos no hay capacidad de gasto y eso significa que fallan los planes de desarrollo de nuestras instituciones, quienes elaboran los mismos carecen de experiencia o simplemente la inoperancia funcionaria hace que todo el pueblo sufra las consecuencias de la improvisación.
Hay que poner remedio a este mal que afecta a los derechos ciudadanos y de cuyo proceso negativo son responsables algunos funcionarios que no han asimilado la importancia y responsabilidad de sus cargos o que no son capaces de aclarar y enfrentar los problemas y las limitaciones que tienen.
Fuente: LA PATRIA
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