El autor es corresponsal de Prensa Latina en Colombia
Los colombianos fueron testigos este año de uno de los escándalos más sonados dentro de la institucionalidad del país, tras revelarse a principios de 2009 que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizaba labores de espionaje ilegal.
Magistrados, políticos, ex funcionarios públicos, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de vigilancia ilegal de la policía secreta, subordinada directamente a la Presidencia.
La revelación de las interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos fueron hechas por la revista Semana en febrero último.
Desde entonces se multiplicó a lo largo del año la controversia sobre los propósitos que perseguían los agentes del DAS para cometer tales ilegalidades e incluso la necesidad de transformar o hasta hacer desaparecer ese organismo.
La oposición en pleno y varias de las víctimas del espionaje responsabilizaron directamente del problema al presidente Alvaro Uribe, quien rechazó las imputaciones, aunque la duda persiste hasta tanto no aparezca quién ordenó pinchar las comunicaciones.
En medio de la polémica, las autoridades aseguraron que el DAS fue infiltrado por las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo y que incluso, según versión del entonces ministro de Defensa y hoy candidato presidencial, Juan Manuel Santos, hasta gobiernos extranjeros se beneficiaron de la fuga de información.
En tanto, las inquietudes se acrecentaron en la sociedad colombiana tras revelarse con el transcurso de las semanas y los meses nuevos indicios sobre estas prácticas sistemáticas ilegales, al tiempo que el reclamo de la verdad ganó en intensidad.
Varios legisladores llevaron el caso ante la Organización de Estados Americanos e instancias de Naciones Unidas ante la gravedad del problema, calificado por muchos como el peor escándalo ocurrido en la historia democrática de Colombia.
De acuerdo con el opositor Partido Liberal, fueron centenares de colombianos los que durante más de un lustro han sido víctimas de vigilancia, inspección y control sin ninguna autorización judicial por parte del DAS.
En sus personas, en sus domicilios y en sus relaciones familiares han sido seguidos los miembros de la oposición y los magistrados, atrocidad que según sostuvo esa colectividad política se hizo necesario denunciar ante la comunidad internacional.
Incluso se denunció que la campaña presidencial de 2006 fue sometida a una guerra sucia sistemática por parte del citado organismo de inteligencia.
Acorde con las revelaciones, los precandidatos de la pasada campaña presidencial fueron objeto de seguimiento continuo, a tal punto que sus teléfonos móviles activaban una alarma para que los agentes del DAS empezaran a interceptar.
El escándalo adquirió tal magnitud y resonancia en Colombia que obligó al Gobierno a comprometerse a velar por la integridad y seguridad de los magistrados de las Altas Cortes y a impedir que se repitieran hechos como el espionaje telefónico realizado contra algunos de los jueces y políticos.
Tales fueron los decibeles que adquirió el tema que Uribe llamó a reformar la institución de inteligencia, en un intento por atenuar las preocupaciones y diluir el escándalo en medio de la galopante realidad colombiana.
No obstante, para algunos analistas y medios informativos no escapó el hecho que la adhesión del Presidente a eliminar el organismo se produjera a pocos días de efectuarse el primer pronunciamiento por parte del Departamento de Estado norteamericano en torno al tema de las escuchas ilegales.
Anterior a esa declaración el mandatario colombiano no se había mostrado interesado en eliminar al servicio de inteligencia, sino en preservarlo.
Lo cierto es que el DAS, creado a fines de los década de los años 50 del pasado siglo, y que depende directamente de la presidencia, continúa activo.
Si bien algunas cabezas comenzaron a rodar dentro del organismo, algunos directivos renunciaron y cientos de agentes fueron llamados como testigos y hasta investigados por la Fiscalía, hasta la fecha se desconoce quién está detrás de lo que aquí se conoce como las "chuzadas".
Escándalo que traspasó incluso las fronteras nacionales en semanas recientes, tras denuncias de países vecinos como Ecuador y Venezuela en torno a que varias de sus instituciones fueron infiltradas ilegalmente y objeto de seguimiento por agentes del DAS, lo que generó fuertes tensiones diplomáticas.
Para varios analistas y observadores consultados por Prensa Latina, todos los indicios conducen al jefe de Estado, pues una operación de vigilancia de tal magnitud requiere de una orden directa de la Casa de Nariño, con lo cual la imagen y credibilidad del Gobierno está en entredicho ante la opinión pública nacional y mundial.
Fuente: LA PATRIA
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