Domingo 10 de febrero de 2013
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Las redes sociales echan humo en España por el posible cobro de “sobresueldos” por parte de altos políticos durante varios años. Estos “servidores públicos” apelaban al patriotismo hace unos meses para pedirles a los ciudadanos que asumieran los recortes y las subidas de impuestos. El caso Bárcenas, considerado por muchos el mayor escándalo de corrupción política en España, escapa a pocos medios de comunicación en el mundo. Se centran en altos dirigentes y exdirigentes del partido y en antiguos militantes que pudieran beneficiarse. Pero poco se ha comentado sobre las empresas que pudieron pagar a los miembros del partido a cambio de posibles tratos de favor.
La fiscalía tomará declaración de 15 empresarios anotados como donantes del Partido Popular en la contabilidad a mano que se le atribuye a Luis Bárcenas, antiguo tesorero del partido. Más de dos tercios de los cobros registrados vulneran la ley de financiación de partidos políticos porque su importe superaba el tope legal para una misma persona física o jurídica o porque procedían de gente o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos porque prestaban servicios o realizaban obras o suministros para alguna Administración Pública.
