Hay mucho que hablar en torno al presupuesto municipal en sí, particularmente a las cifras que se manejan como efecto del Programa Operativo Anual (POA) que establece los parámetros permitidos en la recepción de recursos y en la asignación de los mismos a diferentes “partidas” para su gasto en cada gestión.
Casi todos los años se observó el famoso POA, sea por aparecer recargado con cuentas irreales o a la inversa por no consignar lo que ciertos sectores de la comunidad consideran prioridades, además algo que se ha repetido como una parte del proceso de presentación y aprobación del presupuesto es la demora en elaboración, al punto que en algunas gestiones se llegó incluso a la aprobación de presupuestos prácticamente ejecutados y con una serie de fallas que debieron enmendarse de manera irregular.
En los últimos años los presupuestos municipales no siempre se ejecutaron en consonancia —por así decirlo— con los intereses de la población, generalmente los gastos se efectuaron en función a intereses político sectarios para favorecer a los “amigos y seguidores” del jefe edil en funciones.
Para la gestión 2010 el presupuesto municipal tendrá una lamentable reducción producto de los recortes en las asignaciones provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y también de la Participación Popular, lo que obligará a replantear la ejecución de algunas obras cuyo costo no podrá ser cubierto por falta de recursos económicos.
El POA ya aprobado en el Concejo Municipal, pese a ciertas observaciones de fondo y forma, consigna un valor de 304 millones de bolivianos frente al de la gestión recientemente concluida que fue de 387 millones. El recorte claramente es de 83 millones de bolivianos que altera lo programado originalmente.
El Gobierno Municipal como tal tendría que trabajar en la alternativa práctica de aplicar programas internos para recaudar más fondos, sin que tal medida afecte por ejemplo a los sistemas impositivos directos de la población, el caso de los impuestos por inmuebles o el otro rubro de transporte, ambos muy sensibles en el orden social, pero hay otros que podrían aplicarse por ejemplo el de licencias para el asentamiento de puestos de venta del comercio informal que muy bien debería tributar el doble del comercio regular.
De todos modos y como fuera que se ponga en ejecución el POA de la nueva gestión se han acentuado las dudas sobre el uso correcto de los dineros del pueblo y en su beneficio directo, en los años que son parte de un quinquenio políticamente establecido y que está a poco de fenecer y que para habilitarse nuevamente —como parece— debería explicar en detalle los gastos de más de mil setecientos millones de bolivianos.
Ahora bien si tales recursos estuvieron a disposición del Gobierno Municipal, porque así es, debería conocerse el destino de esos fondos, estableciendo la responsabilidad de un gasto que sirva al pueblo, es decir que haya permitido financiar obras de prioridad social y no de retoque urbano. Lo peor sería que esos dineros hubiesen engrosado alguna cuenta bancaria o que finalmente se compruebe la incapacidad funcionaria para invertirlos al cien por ciento.
Fuente: LA PATRIA
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