La politización del enclaustramiento marítimo

La actitud asumida por Chile respecto a la defensa de su soberanía, con relación a los tres militares bolivianos que incursionaron en su territorio por el puesto fronterizo de Colchane para detener a seis contrabandistas, quizá no es la mejor porque muestra debilidad frente a un hecho que resultaría hasta irrelevante frente a la política expansionista de nuestro vecino.

Lo cierto es que las autoridades chilenas con un afán protagónico le dan una inusual pompa mediática a ese hecho que involucra a tres soldados que cumplen su servicio militar en nuestro país y fueron destinados a una unidad fronteriza con la misión de reprimir el contrabando, que contrariamente alientan nuestros vecinos para garantizar la supervivencia de su población en todo el norte de Chile.

Lo curioso del caso que nos ocupa, resulta ser que fueron los contrabandistas quienes denunciaron la presencia de los militares bolivianos en territorio chileno por el puesto fronterizo de Colchane, no habiendo ejercido ninguna acción los carabineros de Chile contra quienes se dedican a los ilícitos aduaneros y más bien gozan de protección al igual que quienes sacan vehículos robados para canjear con droga en Bolivia, fomentando la existencia de una red de narcotráfico con peruanos que cambian cocaína por automotores.

El hecho sirvió más bien para que el gobierno chileno utilice el escenario con tinte de confrontación bélica contra los tres soldados, coincidentemente cuando se dio inicio a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), donde el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales solicitó apoyo de las naciones para volver con soberanía a las costas del Pacífico. El juicio contra los tres uniformados bolivianos se fijó para el 14 de febrero, fecha que se recuerda la invasión chilena a Bolivia que concluyó con el despojo de nuestro territorio, el Litoral cautivo.

Un antecedente que puede servir para medir el accionar de la política chilena se remonta a una anterior detención de otros 14 militares bolivianos que igual fueron aprehendidos por los Carabineros de Chile cuando transitaban por el Salar de Coipasa, en nuestro territorio, cuando nuestros uniformados cumplían tareas de represión al contrabando de vehículos y perseguían a contrabandistas. Los últimos tres militares y los anteriores 14 uniformados como ya resulta habitual y ocurre con la mayoría de los bolivianos, sean militares o no, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales de Pozo Almonte, para ser recluidos en la penitenciaría de Iquique.

Lo curioso de todo esto resulta ser que sólo los bolivianos son sancionados y no hay chilenos encarcelados por ilícitos aduaneros y la muestra más elocuente será cuando el Gobierno de Bolivia, la segunda quincena de febrero devuelva a las autoridades de Chile más de medio millar de automotores robados en el vecino país que ingresaron de forma ilegal, clandestina y como ilícito aduanero a nuestro país y fueron decomisados cuando pretendían nacionalizarlos en Bolivia.

Como muestra basta un botón dice el adagio popular y ahora se aplica bien con Chile, puesto que ellos combaten a quienes luchan contra la ilegalidad y protegen a quienes cometen los ilícitos aduaneros, porque la salida de la mercadería de su país, no importa dónde ni cómo, les beneficia ya que lo contrario generaría una crisis interna en el Norte de Chile por la falta de atención que otorga el Palacio de la Moneda a sus coterráneos de la primera región.

Habrá que esperar que la lucha contra los ilícitos aduaneros no sea desigual, que mientras Chile fomenta la salida de los productos y mercancías, incluyendo automotores robados, Bolivia tenga que asumir un control en la amplia frontera boliviano-chilena con las consecuencias que eso conlleva, que permite incluso el establecimiento de redes internacionales del narcotráfico que operan entre Chile-Bolivia-Perú, con los riesgos y perjuicios que ello supone.

No habrá que olvidar que la geopolítica expansionista chilena siempre está manifiesta, ofreciendo lugares de paseo turístico de Bolivia como si fueran de Chile, al extremo de ofertar el Salar de Uyuni, a lo que se suma el hecho que se evidenció cuando autoridades del vecino país permitieron la erección de tres hitos irregulares en el bolsón de Sillillica el Diego, además colocar mojones a compañías mineras chilenas, que pretendían despojarnos parte de nuestro territorio en la jurisdicción de Potosí. Ojalá exista coherencia entre el discurso y el accionar del gobierno chileno para evitar los abusos y actitudes arbitrarias que se comenten a diario en perjuicio de los bolivianos.

(*) Periodista