Quiérase o no la elección de un nuevo Gobernador en el Beni ha puesto en el tapete de la actividad política a los partidos y agrupaciones que pugnan por colocar sus candidatos en las esferas del control departamental primero y en el horizonte de la gobernabilidad nacional después. Claro está con diferencia de criterios, pero con los mismos objetivos.
Por lo menos una muestra de lo que puede lograrse en el ámbito político partidario con algunos resultados más o menos favorables, pues todo es coyuntural, se observó en la reciente contienda que mostró hasta cuatro candidatos; pero dos con las mayores perspectivas, una candidata con respaldo oficial y el ganador como producto de una “alianza” estratégica entre partidos y agrupaciones ciudadanas, que permitió aglutinar la mayor cantidad de votos, los necesarios para acomodar al candidato en el mando administrativo del Beni.
A partir de esa posibilidad y ya con miras a lo que será la elección general y nacional del 2014, los partidos políticos y las “organizaciones ciudadanas” comienzan a perfilar proyectos que si bien tendrán que establecer muchas condiciones, diálogo sincero y una muestra clara de voluntad de servicio colectivo y no de utilidad sectorial o personal a través de la política abierta serán indudablemente temas de alta consideración, partiendo de la búsqueda de unidad de la mayor cantidad de “fuerzas políticas” afines en algunas instancias ideológicas, pero sobre todo en los fines de su participación electoralista y el objetivo de alcanzar el control estatal.
El asunto es así de claro y el pequeño ejemplo del Beni ha motivado a que ciertos “jefes o conductores” de partidos y organismos “para políticos” se muestren interesados en establecer cuanto antes una alianza estratégica que pueda unir a lo que se denomina “oposición” y que es parte absolutamente legal de un proceso democrático en el que deben confluir fuerzas diversas para captar la variedad de criterios políticos de la población.
Lo único que se conoce al presente es la opción vigente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que se encargaría de establecer la normatividad que debe regir la estructura y funcionamiento de las organizaciones políticas en función a la democracia, las libertades y el respeto a los derechos ciudadanos que están reconocidos por nuestra Constitución.
La misión más delicada del órgano vigente tiene que ver con la elaboración concertada de una Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones ciudadanas, que coincidan en los fines democráticos, bajo las reglas de una Ley de Régimen Electoral que favorezca lo práctico en la intencionalidad representativa de los líderes que ponen el nombre y la cara para encarar una campaña política con la esperanza de alcanzar buenos resultados.
Se trata de exigir ahora la elaboración consensuada de una Ley de Partidos que garantice la participación ciudadana para instalar a sus representantes, mediante el voto democrático en la tarea de la más alta responsabilidad de conducir la nave del Estado.
El instrumento político debe ser un factor que permita a los líderes civiles aglutinar bajo lineamientos de respeto democrático a seguidores de corrientes específicas que divulgadas y promocionadas oportunamente y en iguales condiciones despierten el interés, voluntad y decisión ciudadana para elegir en las urnas la mejor opción de tener un país, solidario, libre y justo avanzando hacia el cumplimiento de sus metas de desarrollo colectivo.
Fuente: LA PATRIA
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