Los datos divulgados oficialmente en el informe presidencial han despertado una clara reacción por parte de los organismos departamentales entre los cívicos, políticos y por supuesto del oficialismo, en la primera instancia reclamando mayor número de escaños son los casos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba lo que también conocemos como el eje central del país, donde radica la mayor parte de bolivianos.
El país cuenta ahora con 10 millones 389 mil 913 habitantes y el mayor porcentaje de esa cifra se distribuyen los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba para pasar luego en orden siguiente a Potosí, Chuquisaca y Tarija, en tanto que en el último grupo del crecimiento de población se encuentran Oruro, Beni y Pando. Este esquema propiamente definido sobre la cantidad de población distribuida por departamentos hace vislumbrar la segura modificación de dos aspectos importantes, por una parte la redistribución de escaños y por otra una segura disminución en la asignación porcentual tributaria.
Hay severos cuestionamientos sobre los resultados del censo, especialmente en lo que corresponde a expectativas que por ejemplo tenía Santa Cruz de llegar a 3 millones de habitantes, ahora tiene más de 2,7 millones de población, en el caso de Potosí y La Paz, también es el caso de Oruro donde se lamenta un proceso de migración de ciudadanos hacia las ciudades del eje central.
De manera general en todos los departamentos se registra un crecimiento poblacional, pero los porcentajes son muy diferentes entre los tres principales departamentos y aquí hay que anotar el excepcional caso de Pando que incrementó su población en 108 %, mientras que Oruro marca un 25 % y Potosí sólo un 13 %, esos resultados provocan inquietud en la mayoría de los departamentos, pues tres de estos reclamarán más escaños y más asignación de recursos.
Aquí se plantea una posición de equilibrio solidario nacional que ha sido ya propuesta por cívicos y asambleístas de algunos distritos señalando que en las actuales circunstancias en las que se habla de acciones solidarias y de una vigencia armoniosa de equidad que debería aplicarse un factor “inversamente proporcional”, de modo que los departamentos menos favorecidos tengan mayores beneficios económicos a partir de su representatividad parlamentaria precisamente para reclamar más derechos y mejor atención en la solución de sus problemas.
Ante la eventual pérdida de escaños en la Cámara de Diputados representantes cívicos, laborales, vecinales y asambleístas de por lo menos cuatro departamentos que resultarán afectados con la disminución de sus representantes, proponen reunirse para establecer una estrategia defensiva frente a una situación que siendo legal, evidentemente, es poco ética y resulta inequitativa a la hora de medir el interés de desarrollo que tienen todos los bolivianos.
Por su parte el Gobierno esperará hasta junio próximo los datos oficiales del censo para recién entonces comenzar a debatir lo relacionado con un “pacto fiscal”. En tanto en el caso de Oruro, hay doble preocupación, pues en aplicación de la Ley de Régimen Electoral y con los resultados ya conocidos del censo 2012, se podrían perder 3 diputados y no se sabe aún, cuál será la incidencia en la coparticipación tributaria, dada la condición de que pese a varios factores adversos, la población de Oruro creció en un 25 por ciento. Podríamos tener algo más de recursos y menos parlamentarios. He ahí la cuestión.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.