El último sábado 19 del presente mes la incólume Ley de Imprenta cumplió 88 años de vigencia desde que fuera promulgada en el año 1925 cuando entró en vigor como un instrumento legal para defender los derechos ciudadanos como la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa, los atributos de este instrumento son varios, pero sobre todo resalta el sentido de su contexto original para establecer condiciones precisas en el desempeño de los “informadores”, en ese tiempo dedicados específicamente a los medios periodísticos escritos.
La octogenaria Ley de Imprenta, una de las más antiguas del sistema regulador legal de nuestro país, ha permitido en casi 90 años frenar los excesos de quienes solapadamente vulneran las libertades y derechos ciudadanos. Por esa su vigencia permanente hay algunos detractores que califican a la Ley como obsoleta y hasta señalan que hay cierta inutilidad práctica en su aplicación, cuando se presentan generalmente problemas que afectan a los “hombres de Estado”, a los políticos que abusan del poder e infringen normas de respeto o a ciertos ciudadanos que supuestamente han sido objeto de ataques, supuestamente ajenos a realidades que se viven en procesos altamente contenciosos.
En el estamento oficial muchas veces se ha mencionado la inaplicabilidad de la Ley de Imprenta, sin embargo los periodistas y dirigentes del sector han demostrado fehacientemente que esta norma es un patrimonio que garantiza no sólo las libertades que permiten un trabajo responsable y honesto de los periodistas, es más la Ley de Imprenta es guardiana activa y permanente de la vigencia de la Democracia.
Algo que debe entenderse con mucha claridad, por encima de los criterios políticos y atrevidos conceptos de ciudadanos que no quieren reconocer valores fundamentales que se respetan y no se tuercen ante la rectilínea de la Ley de Imprenta, es que este instrumento de manera general otorga al ciudadano el derecho de hacer prevalecer las libertades y garantías que de manera implícita están también en la propia Constitución.
Debe quedar bien claro que los organismos del ramo periodístico defenderán la Ley de Imprenta de manera incondicional y que en el tiempo presente son absolutamente convencidos que este instrumento que en doce años más será centenario, necesita la actualización de una parte de su contenido al que deben incluirse necesariamente los detalles relacionados con los sistemas de radio, televisión y ahora último los que circulan en la red de redes. Eso no significa quitar en absoluto nada de la Ley vigente al contrario se trata de enriquecer su sabio contenido para hacerla más dinámica en la proyección del tiempo.
La Ley de Imprenta cumplió 88 años, quienes trabajan y desarrollan sus labores al amparo de la misma, tienen la misión, a través de sus organizaciones reconocidas, de trabajar en la elaboración de esos puntos que modernizarán el instrumento sin restarle su valor intrínseco en defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos que sólo pueden practicarse cuando la libertad de pensar, de expresarse y de informar están vigentes gracias a la Ley de Imprenta que el 19 pasado sumó 88 años de plenitud y reconocimiento en libertad.
Está claro que el periodismo independiente boliviano, no admitirá que a título de “renovar” la Ley de Imprenta, se pretenda establecer disposiciones que se conviertan en factores reguladores de los contenidos periodísticos y amedrentadores de los medios de comunicación. La Ley de Imprenta está vigente, actualizarla es responsabilidad de los propios periodistas.
Fuente: LA PATRIA
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