Desde hace años el conflicto entre la Asociación de Conjuntos Folklóricos (ACFO) y la Alcaldía Municipal, tiene ribetes ya característicos y propios de un periodo en que se mueven muchos intereses, justamente al organizar y ejecutar un nuevo Carnaval.
Hay una Ley vigente, la 602, que determina las responsabilidades en la organización del evento que siempre es cuestionada por parte de los dirigentes de la ACFO, y sucede que cada año se aclara la figura y sin embargo se la sigue rebatiendo sólo por generar una especie de pulseta para ver hasta dónde se puede presionar para lograr mayores ventajas y beneficios.
Está claramente establecido que los directos ejecutores del Carnaval son los danzarines devotos de la Virgen del Socavón, que invierten recursos económicos y físicos para alcanzar su mejor presentación, apoyando con fuertes cuotas a sus conjuntos folklóricos para que sus directivas se ocupen a su vez de prestar seguridades y comodidades, además de diversión, con alimento y bebidas durante los días del Carnaval a todos los afiliados, en realidad de eso se trata.
El asunto de distribución porcentual de los ingresos que genera el Carnaval ha sido factor de un debate permanente, pues ni la Alcaldía está de acuerdo con percibir sólo el 40 por ciento de los ingresos teniendo bajo su responsabilidad los gastos más fuertes para poner en orden la ciudad, ni la ACFO está en condiciones de justificar en qué gasta realmente el 60 por ciento que recibe y que permanentemente quiere elevar, pese a la percepción de otros ingresos cuyo destino es de orden interno, cuando en realidad como sugirieron algunos entendidos en el proceso de organización del Carnaval también deberían ser compartidos entre los organizadores de ese hecho folklórico.
Todos los años se hace conocer informes que no satisfacen las expectativas ni siquiera de los mismos “folkloristas” bajo algunos pretextos que están fuera de lo regular, pues tratándose del manejo de fondos públicos es obligatoria más de un auditoría que muestre el orden y la limpieza del manejo del dinero que proviene de la misma comunidad y que lo administra una sola entidad (ACFO) sin fiscalización definida. El municipio emite su informe carnavalero y la dinámica constante de tal documento es que cada año aumentan los gastos y el porcentaje que percibe no cubren tales necesidades, por tanto no existe un beneficio directo del Carnaval para la comuna orureña.
El presente año surge otra figura de forma más que de fondo, pues lo que la entidad folklórica rechaza es el “decreto municipal” que si bien contiene todos los elementos de una ordenanza, no se aprobó en la instancia del Concejo Municipal, donde justamente y como siempre sucede se demoró en su tratamiento y oportuna aprobación.
Estamos a menos de un mes del Carnaval de Oruro, el mayor evento devocional, folklórico y tradicional del país, reconocido como la Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, cuyo prestigio trasciende las fronteras inclusive del continente para colocarse como el mayor atractivo de la región, por tanto de altísima responsabilidad entre quienes están obligados a coordinar tareas para su organización.
Cada cosa en su tiempo y en su lugar, los arrebatos en defensa de una supuesta institucionalidad, con amenazas que alteren el desarrollo práctico del acontecimiento no tiene ninguna justificación, por tanto lo que corresponde es eliminar caprichosas actitudes y encarar responsablemente las tareas inherentes a una nueva presentación del único e incomparable Carnaval de Oruro.
Fuente: LA PATRIA
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