Opositores creen que cartas de implicados en la extorsión son “una amenaza sutil”
10 ene 2013
Fuente: La Paz, LA PATRIA
Legisladores de la oposición consideran advertencias “sutiles” a las autoridades nacionales, las cartas enviadas el martes al vicepresidente Álvaro García Linera y a las presidentas de las dos cámaras legislativas, por los exfuncionarios gubernamentales encarcelados preventivamente por sospecha de liderar una red de extorsión en el país.
“Yo creo que esas cartas son amenazas sutiles a las autoridades, de los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Transparencia que están encarcelados en Santa Cruz”, manifestó ayer en La Paz el senador por Convergencia Nacional (CN) Marcelo Antezana, dejando entrever la posibilidad de que los abogados Boris Villegas, Fernando Rivera y Dennis Rodas podrían revelar nexos de los más altos funcionarios del Gobierno con el caso.
Su compañera de partido, la diputada Norma Piérola coincidió con él y afirmó que los exempleados gubernamentales recluidos en el penal cruceño de Palmasola podrían hacer revelaciones que involucren a algunos ministros o autoridades de mayor jerarquía.
La legisladora recomendó a los acusados por supuestamente liderar la red de extorsión, que tomen sus recaudos y exijan protección para ellos, “porque en cualquier momento podrían intentar acallarlos”.
“Si han mandado esas cartas y si en ellas acusan al ministro Carlos Romero es porque algo deben saber. Yo les recomendaría que pidan protección por su seguridad, porque en cualquier momento les puede pasar algo dentro de la cárcel. No sería nada raro que quieran callarlos a estos señores”, manifestó la diputada Piérola.
LAS CARTAS
La tarde del martes, el vicepresidente García Linera recibió una carta manuscrita del abogado Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y exfuncionario del Ministerio de Transparencia, actualmente recluido en el penal de Palmasola, acusado de ser parte de la red de extorsión.
En la misiva, Villegas asegura que el caso de la red de extorsión es “una tramoya política” preparada desde el Ministerio de Gobierno por el titular de esa repartición estatal, Carlos Romero, y el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez Valenzuela.
Según la carta enviada por Boris Villegas, Romero y Pérez coordinaron la llegada de los congresistas estadounidenses al país, para hacer quedar mal al Gobierno con el caso de Jacob Ostreicher.
Villegas asegura también que las mencionadas autoridades mantenían contacto permanente con el abogado Yimmy Montaño, defensor legal del estadounidense Ostreicher.
“No existe ningún indicio en nuestra contra. Es una absurda tramoya de estos dos oscuros personajes (Romero y Pérez), con el fin de debilitar al proceso de cambio. Todos los actos de la comisión de fiscales están siendo digitados por ellos”, apunta la nota de Villegas, que asegura estar incomunicado, sin poder siquiera escuchar radio y que tanto a él como a los demás detenidos por el caso les prohibieron tener contacto con la prensa.
Las presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores, Rebeca Delgado y Gabriela Montaño, respectivamente, recibieron otras dos misivas. La primera, de Dennis Rodas y la segunda firmada por éste, Villegas y Fernando Rivera, los tres considerados cabecillas de la denominada red de extorsión.
En la carta enviada a la diputada Delgado, Dennis Rodas denuncia la violación a sus derechos fundamentales y solicita una audiencia a la presidenta de la Cámara Baja, para tener la oportunidad de brindar detalles de las irregularidades que asegura están ocurriendo en este caso.
En la tercera misiva, Villegas, Rivera y Rodas aseguran ser víctimas de la mala administración de Justicia, acusan a las autoridades judiciales y de la Fiscalía de parcializarse con la parte denunciante y piden la conformación de una comisión multipartidaria que investigue los hechos, sin favorecer a nadie.
“Solicitamos la conformación de una comisión especial multipartidaria, que tenga por finalidad investigar los supuestos hechos de corrupción (...) Esta solicitud la formulamos en aplicación de la Constitución Política del Estado y buscamos que la investigación sea objetiva, transparente, confiable e imparcial”, apunta la misiva.
Fuente: La Paz, LA PATRIA
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