El principio es lógico, es decir que al existir seguridad jurídica estable en un país su economía transitará por la ruta viable que hace posible las inversiones que aseguren un desarrollo sostenible y distribuido equitativamente en los estamentos de toda la población.
No hay que negar que los índices positivos de las reservas fiscales hayan marcado límites nunca antes registrados en nuestro país. Las condiciones favorables que se presentaron en los últimos años, por ejemplo con etapas más o menos prolongadas de precios excepcionalmente buenos en las pizarras de minerales, han permitido que se obtengan buenas utilidades, aunque lo destacable se ha dado en las exportaciones del gas boliviano, ampliándose mercados y por tanto los volúmenes de producción y venta externa.
Si bien al cierre de la gestión 2012 se ha mencionado las favorables condiciones de las macrofinanzas, poniéndolas como un seguro viable para el comportamiento de las finanzas en la nueva gestión del 2013, no hay que omitir que ese cierre de gestión dejó algunas dudas muy marcadas entre los sectores inversionistas debido a las nacionalizaciones que se produjeron y que resultaron contradictorias frente al reto que se hizo al empresariado boliviano para que invierta más en el sistema productivo nacional.
¿Quién puede animarse a invertir en un contexto financiero donde la seguridad jurídica está ausente y por tanto no es estable? La respuesta es obvia, disminuye el entusiasmo, pero además crea anticuerpos entre quienes quisieran invertir, pero prefieren guardar sus capitales en tanto pase la fiebre de las nacionalizaciones. Lo que pasó con las empresas distribuidoras de energía eléctrica, fue el cierre que alteró algunos planes para el futuro, no precisamente en el mismo rubro más bien en otros que posiblemente puedan ser activados más adelante cuando las condiciones sean propicias.
Estamos pasando evidentemente por una economía numérica que por cierto descarta de algún modo posibles condiciones inflacionarias, pues al mismo tiempo de mantener vigente las macrorreservas en el país se mantiene el comercio legal, pero también persisten los negocios de tipo ilegal, por ejemplo el contrabando de variada mercadería, pese a la vigencia de las prohibiciones al respecto, en tanto que ciertas exportaciones de productos nacionales cubren necesidades de países vecinos y nos reditúan buenos ingresos, aunque no está demás decirlo que se ha estancado el crecimiento del sistema productivo nacional, no porque los empresarios ganen menos sino simplemente porque no hay seguridad jurídica que garantice las inversiones.
Dadas esas características en la economía boliviana. Indudablemente que se requieren ajustes muy precisos en materia de administración financiera que devuelvan confianza a inversores, pero al mismo tiempo que abran oportunidades para que en el país puedan ampliarse todas aquellas oportunidades que mejoren las condiciones de empleo, la sostenibilidad del desarrollo nacional, pero sobre todo en un ambiente de plena armonía y con la vigencia de normas precisas para garantizar el movimiento de capitales, la transferencia de tecnología y el incremento de los rubros de producción y exportación.
La idea es que además los bolivianos encontremos un signo claro de incentivo a los planes que se proyectan y que merecen ser analizados en las variadas instancias de la colectividad, pero por supuesto pasando por el análisis y comprensión de quienes manejan el timón de la nave estatal. Lo importante es que se garantice una economía viable con una seguridad estable.
Fuente: LA PATRIA
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