Domingo 06 de enero de 2013
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Usted acoge en su casa a un amigo o familiar extranjero sin papeles para que tenga dónde vivir mientras regulariza su situación y consigue un puesto de trabajo. O le alquila una habitación a un inmigrante que vio en el tablón o en un periódico su anuncio de la habitación libre. Un día, usted recibe una carta que lo cita en un juzgado, donde recibe una sentencia de dos años de cárcel por prestar ayuda “ilegal” a ese inmigrante. Le parecerá una exageración o algo que sólo sucedería en Arizona, Texas o Alabama, donde se criminaliza la hospitalidad y la ayuda al “inmigrante ilegal”. Pero les ocurrirá a españoles que acojan a inmigrantes en situación irregular si el gobierno sigue adelante con su reforma del código penal.
Familias y organizaciones sociales en España alertan de la arbitrariedad de esta medida. Con su firma, decenas de miles de ciudadanos se han sumado a la campaña Salvemos la hospitalidad. Entre otros argumentos, la plataforma sostiene que el artículo 318 bis del Anteproyecto de modificación del Código penal no contiene ninguna cláusula que excluya motivos humanitarios. Por tanto, “iguala conductas ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan sin papeles por España”.
