El año 2012 acabó con otra nacionalización de hasta cuatro empresas, dos distribuidoras de energía eléctrica y otras dos prestadoras de servicio que trabajaban con capitales españoles y pertenecían al consorcio Iberdrola, son ahora propiedad del Estado boliviano al haber sido estatizadas a través del Decreto Supremo 1448 que dispuso la transferencia total de las acciones que posee la sociedad IberBolivia S.A. en Electropaz, Elfeosa, Cadeb y Edeser en favor de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende).
El operativo que causó sorpresa inclusive en algunos niveles de la estructura política oficialista se realizó simultáneamente en las ciudades de La Paz y Oruro, sorprendiendo a los ejecutivos de ambas entidades y a sus trabajadores que en algún caso se alarmaron al observar la ocupación de instalaciones por parte de efectivos policiales.
El justificativo para el operativo según las autoridades gubernamentales tiene que ver con la diferencia de tarifa que aplicaban las distribuidoras por kilovatio/hora – (kv) en el caso de las ciudades con un valor de 0,60 de boliviano, mientras que el mismo k/h se cobra en el área rural a razón de 1,59 bolivianos, por lo que la nacionalización permitirá mejorar los servicios de manera general y equilibrar la tarifa de luz de manera que el k/h cueste lo mismo en todo el departamento.
Para la oposición, como también para el sector empresarial del país y para entendidos en la materia, el justificativo que se arguye (tarifas) está fuera de lugar, pues modificar las mismas, para que disminuyan en el sector rural pudo haberse logrado con una simple gestión y en su caso una medida de orden “social” ante un organismo regulador que está en vigencia y es parte del esquema funcional de las distribuidoras de energía.
El asunto es político y se da en circunstancias especiales, como otras que ya ocurrieron tratando de distraer la atención ciudadana ante conflictos mayores, según opinan los opositores cuando tocan el tema de la red de extorsionadores y la secuela de esos hechos que han mostrado además serios vínculos en niveles muy próximos al entorno superior de gobierno.
Para los analistas el hecho es otro golpe a la estabilidad nacional, pues otra vez está en juego el tema de la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad y la necesidad de mejorar la imagen de país e inversiones.
El Presidente español, que se reunió pocos días atrás con el nuestro y acordaron desarrollar algunos programas de cooperación, lamentó lo sucedido y sólo mencionó que pedirá una indemnización justa. A propósito del tema Iberdrola, la afectada española, sin dar mayores datos oficiales, lanzó una primera apreciación señalando que podrían ser más de 100 millones de dólares los que deba pagar el Gobierno boliviano, además que en los 180 días venideros una empresa especializada podría intentar dirimir el caso.
Según los entendidos en la materia, más tarde o más temprano, Bolivia tendrá que pagar el valor de lo nacionalizado y tendrá que disponerse recursos del TGN, por tanto será dinero del pueblo boliviano que cubrirá ese pago al que obliga la expropiación de bienes ajenos para que sean parte del esquema de ampliar el poder, más político que social. Para los empresarios el hecho “es una señal demoledora para la inversión nacional y extranjera”. El torbellino nacionalizador se torna peligroso y preocupante.
Fuente: LA PATRIA
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