A pocas horas del final de otra gestión administrativa de los recursos del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población en general el balance que realizan los entendidos y los políticos tiene signo negativo, incluso en los niveles del oficialismo donde las últimas semanas ha servido para mostrar un cuadro preocupante de corrupción con el funcionamiento de una red de extorsión que sigue complicando a mucha gente y dañando la imagen del Gobierno.
Si bien es cierto que mejoraron los índices económicos de las reservas estratégicas nacionales mostrando cifras altamente favorables, como también crecieron ciertas exportaciones y se lograron cambios sustanciales en el control de sectores estratégicos que están ligados al manejo de los capitales y los ahorros de los bolivianos, se asegura que tales condiciones aún no han surtido efecto para dejar un mínimo porcentaje de esa bonanza en los bolsillos de los bolivianos más humildes que todavía se debaten en la pobreza.
Ha transcurrido otro año manteniendo latente la idea del cambio, empero tal circunstancia se ha dado sólo en algunos sectores y bajo ciertas condiciones, de modo que el efecto no ha sido general y la mayoría de los bolivianos está pendiente de que algunas medidas puedan alterar las actuales condiciones del presupuesto familiar, especialmente con amenazas de sectores tales como los panificadores que anuncian elevar el precio del pan de batalla o el transporte que también quiere subir sus tarifas, mientras en el Gobierno se toca muy sutilmente el tema altamente delicado de la subvención a los carburantes.
Hay condiciones favorables en la explotación y exportación del gas boliviano elemento que permite generar muy buenos ingresos para el Erario Nacional, empero no se dan aún las condiciones igualmente propicias para encarar la tan esperada y ansiada reactivación de la minería nacional, que totalmente activa se convertirá en el otro fundamento de nuestra economía, asegurando el cumplimiento de metas para el desarrollo nacional.
En lo que corresponde estrictamente al panorama departamental la situación va de mal en peor, y no es mentira, pero un recuento del ya gastado pliego petitorio de la orureñidad nos muestra que no avanzamos en ninguno de nuestros proyectos más importantes, tal el caso de la vertebración caminera, especialmente la que es parte del Corredor Bioceánico y que debe llegar hasta Pisiga, se entregaron unos kilómetros de asfaltado, pero faltan muchos otros para que esa carretera sea parte del estratégico proyecto del Puerto Seco que tampoco pudo consolidarse en su avance práctico ya siguen los prolegómenos legales por incapacidad operativa de autoridades superiores nacionales y departamentales.
No hay ni un solo proyecto nuevo que pueda mencionarse como resultado de iniciativas oficiales o particulares en nuestro departamento, lo poco que se hace es nada más que el cumplimiento de todo lo atrasado y ni siquiera así se han cumplido metas de beneficio para la comunidad en su conjunto con soluciones a los problemas de saneamiento básico, agua y alcantarillado que siguen siendo parte de las múltiples necesidades que confrontan los vecinos en los barrios de la ciudad y las comunidades rurales.
Hay un desequilibrio entre necesidades y soluciones pragmáticas de la comunidad. Existen ciertas condiciones que pueden inclinarse a favor de algunos sectores sociales dependiendo de su inclinación política, en tanto que hay deliberado olvido con otros segmentos de la sociedad boliviana, donde este año no se sintió el cambio.
Fuente: LA PATRIA
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