Red de extorsión: Investigan en La Paz a jueces y fiscales

Al menos tres jueces y cuatro fiscales del distrito judicial de La Paz son investigados por el Ministerio de Gobierno, por sospecha de estar involucrados con la red de extorsión descubierta en el país el 27 de noviembre, informó ayer en esta ciudad el director de la Unidad de Transparencia de esa institución estatal, Miguel Albarracín.

“Se les está investigando, a través de la Unidad de Transparencia, que está a mi cargo. Estamos hablando de cuatro o cinco fiscales y unos tres jueces, a los que casualmente, entre comillas, llegaban los casos (de personas que denunciaron haber sido extorsionadas)”, manifestó la autoridad, en entrevista con una red televisiva.

Albarracín afirmó que un total de 80 denuncias, documentadas, de presuntas víctimas de extorsión fueron presentadas en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, desde que estalló el escándalo de la red de corrupción pública, cuyos supuestos cabecillas eran funcionarios de esa y otras reparticiones gubernamentales.

La autoridad anunció que, cuando se tengan los elementos suficientes para denunciar y procesar formalmente a los jueces y fiscales involucrados con la red de extorsión, el Ministerio de Gobierno acompañará a las víctimas en el desarrollo de los juicios. “Una vez que se tenga elementos, cuál es el compromiso como Ministerio de Gobierno: Acompañar a los denunciantes y convertirnos en parte coadyuvante contra las exautoridades y autoridades que estén en funciones, involucradas en algún tipo de delito”, enfatizó.

El director de la Unidad de Transparencia de la cartera de Gobierno explicó que las denuncias recibidas en esa repartición son investigadas actualmente en los juzgados, donde se tramitan o tramitaron los diferentes procesos.

“Tenemos que confirmar la denuncia, verificar los elementos y lo que estamos encontrando es la actitud ilógica en los diferentes actuados. Es decir, cuando debería venir la cesación de la detención preventiva, se empecinaban en que más bien estén detenidos, cuando había que plantear una serie de acciones legales, ellos actuaban de manera contraria. Esos elementos son los que estamos verificando, lo que nos significa un trabajo mucho más arduo de investigación dentro de los expedientes”, explicó.

HABIÁN DENUNCIAS DESDE 2011,

PERO SIN PRUEBAS

La autoridad reconoció que recibió denuncias contra los presuntos cabecillas de la red de extorsión desde julio de 2011, cuando asumió el cargo de director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, pero aclaró que se trataba de acusaciones verbales y sin pruebas, lo que impidió que los casos sean remitidos a las instancias pertinentes. “Estas personas, por temor, nunca presentaron pruebas. Ni siquiera presentaron denuncias escritas. Entonces, mal podría decirse que se tenía un conocimiento formal. Se tenía lo que se podría llamar un trascendido, una información no fidedigna, no comprobable, lamentablemente”, dijo.

El temor de las personas a denunciar por escrito a los abogados Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, entre otros exfuncionarios gubernamentales, ahora detenidos, como presuntos cabecillas de la red de extorsión, se debía a la posibilidad de sufrir mayores represalias.

“Las denuncias que presentan las personas hablan de mucho poder de éstas. Entonces es lógico que no se animaran a presentar algo por escrito, porque había mucho miedo. El temor de ellos era que una vez que sepan que eran denunciantes, podían haber sufrido más represalias”, manifestó.

El director de Transparencia del Ministerio de Gobierno afirmó que la acumulación de denuncias verbales mencionando los mismos nombres, sumado al bullado caso del estadounidense Jacob Ostreicher, permitió profundizar las investigaciones sobre la red de extorsión.

“Ahora, lo más categórico es que el Gobierno toma decisiones en el momento en que encuentra elementos serios para investigar, a partir del surgimiento de más y más denuncias contra las mismas personas. Eso obliga a que uno trate de averiguar más cosas”, agregó.

80 DENUNCIAS

La autoridad dijo que, desde que se reveló el caso de la red de extorsión, han sido presentadas en La Paz 80 denuncias con pruebas documentales, grabaciones y hasta fotografías, contra los involucrados.

“Ahora, desde que el Gobierno está asumiendo ya hace algunos meses la investigación en Santa Cruz, en este caso (de la red de extorsión) tenemos 80 denuncias que nos han llegado en menos de tres semanas (...) con documentos, con fotocopias, con cassettes y con fotografías también. Eso nos ayuda a averiguar. Sobre esos elementos, podemos trabajar la investigación”, afirmó.

Miguel Albarracín explicó que un tema pendiente es la implementación en el interior del país de instancias de recepción de denuncias, dependientes de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, para que las personas de otras ciudades que hayan sido o sean víctimas de funcionarios y autoridades corruptos puedan también presentar sus casos.

Fuente: La Paz.- LA PATRIA