Hay que empezar señalando que el año que se acaba – menos mal – no fue un buen tiempo para la minería boliviana que continúa debatiéndose en la incertidumbre por falta de medidas concretas que permitan al sector en general arrancar hacia objetivos más concretos y precisos en base a estrategias debidamente respaldadas para su emprendimiento a lo largo y ancho del país, donde no faltan yacimientos mineros, tampoco iniciativas profesionales, sino un conjunto de disposiciones que haga factible el desarrollo de toda la minería.
Una serie de importantes eventos que se han producido en el último trimestre del año, han mostrado abierta y contundentemente la serie de falencias que impiden encarar proyectos de magnitud en el ámbito de la gran minería, excepto por supuesto, aquellos que alienta el Gobierno de manera directa, como el hierro del Mutún, aunque sólo en 50 por ciento del yacimiento o el tema del litio, con proyectos pilotos, pero sin que se defina aún la participación de un socio estratégico (asiático) que impulse la explotación e industrialización del litio.
Los geólogos, ingenieros de minas y metalurgistas, los técnicos de diferentes niveles en nuestra minería, han coincidido en mostrar los problemas más serios que frenan la actividad minera y han establecido que la falencia más grande es la falta de una Ley Minera que reemplace al obsoleto Código de Minería abriendo algunos “candados y una camisa de fuerza” que en la actualidad inviabilizan la proyección del crecimiento minero.
La serie de problemas que confrontaron las grandes potencias, la primacía de ciertas condiciones de competitividad en la producción de las grandes industrias, especialmente las asiáticas influyó en la variación de los precios internacionales y en el bajón que se presentó en las pizarras de Londres o Nueva York, influyendo de manera directa en las exportaciones de países que como el nuestro depende de la venta de sus materias primas.
Es evidente que en ese vaivén de precios influyen algunas otras circunstancias que dejan fuera de peligro a ciertos minerales, sucedió por ejemplo con el oro que mantuvo su expectable precio mayor a 1.700 $us. la onza troy, sin embargo otros minerales como el zinc, plomo, estaño y la plata, inclusive el cobre sufrieron un descenso en su precio, lo que obligó a un replanteo para aumentar los volúmenes de producción y compensar de ese modo el claro desequilibrio en los costos de operación.
Indudablemente estos hechos, considerados como rutinarios por las autoridades superiores, causaron su efecto negativo en lo que corresponde a la percepción de utilidades, claramente el caso de las regalías mineras que se desplomaron y rebajaron sustancialmente los ingresos para algunos municipios y los departamentos productores de minerales. Potosí que recibe el mayor porcentaje de ingresos por la actividad minera, sintió el efecto, lo que también incidió en las cuentas de Oruro que se registran en la Gobernación y que ocupan el segundo lugar en el índice porcentual, pero muy lejos de lo que recibe la Villa Imperial.
Estos hechos son parte de una situación incierta en la minería boliviana. Si bien se habla de los propósitos que tiene el Gobierno para encarar la producción minera, hasta el presente el mayor índice productivo, de exportación y generación de regalías, corresponde a la minería privada, la mediana sumando el aporte del sector chico, que juntos suman más de lo que produce el sector estatal y las cooperativas, estas últimas aportando parcialmente pues por una disposición gubernamental, se las exime de contribuir con regalías.
La Comibol aparece como el ente salvador de la minería y resulta que a la hora de la verdad, carece todavía del apoyo decidido y debidamente planificado para encarar lo que tanto se reclama como una la verdadera “reactivación minera” que todavía está lejos de encararse debido a las condiciones actuales que limitan y ponen en riesgo la actividad minera, que no cuenta con el instrumento “rector” para su desarrollo presente y futuro.
La minería por su potencial de reservas estratégicas se considera en otro rubro importante, luego de los hidrocarburos y especialmente el gas, como generador de divisas, pero con un componente social muy importante como es la creación de miles de fuentes de empleo, lo que no sucede en el rubro petrolero, por lo tanto su funcionalidad productiva debería ser prioridad para las autoridades del gobierno nacional, que deben apurar la aprobación de la Ley de Minería, para que se convierta en el instrumento que dinamice la actividad minera en todos los sectores que la componen.
En ocasión de celebrarse el Día de los Mineros en el país, el pasado 21del presente, en un acto de recordación especial, participó el vicepresidente del Estado y se refirió a la minería, reconociendo su importancia, ponderando el sacrificio de sus protagonistas, puntualizando la responsabilidad del Estado para encarar los proyectos más importantes de este sector productivo y señalando de manera abierta que “el país cuenta con los recursos suficientes para poner en marcha a la gran minería boliviana”, habló sobre las utilidades que generan el gas y otros insumos petroleros, señalando que esos recursos deberían servir también para fortalecer la minería, de manera que el uso de nuestros recursos estratégicos, hagan de Bolivia, un país de economía vigorosa para mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes.
El planteamiento es interesante, lo importante es que se pase del discurso a la práctica productiva y que esos propósitos sean prioridad para empezar la próxima gestión del 2013, que ojalá sea el año de la minería boliviana.
(Agencia Uru)
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