Viernes 28 de diciembre de 2012
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Si hay algo que debe considerarse como factor indisoluble del desarrollo departamental es consignar en el Estatuto Autonómico la vigencia paralela de la independencia económica, que nos permitirá administrar el buen uso de nuestros recursos naturales destinando su beneficio al bienestar de nuestra comunidad.
Quienes están encargados de la elaboración del “estatuto departamental”, coinciden en gran parte en los argumentos que definen la autonomía económica generando nuevas leyes para garantizar el uso y la administración de la riqueza local de modo que puedan encararse planes generales destinados a promover inversiones, explorar y explotar la riqueza yaciente en el distrito, además de consolidar todos los proyectos que desde hace mucho tiempo son parte de un pliego petitorio que debe dejar de ser tal, para convertirse en regla de cumplimiento de una agenda que ya no dependerá del Poder Central o de la voluntad política que en esa instancia define planes que en muchos casos no son prioridad para el colectivo social orureño.
Persisten alguna dudas sobre las atribuciones que el proceso autonómico confiere a las regiones, cuando por ejemplo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los convenios de “comercio exterior” seguirán siendo parte de las atribuciones del Poder Central, lo que significa que se mantienen limitaciones directas sobre las proyecciones que puedan tener las autoridades para encarar el desarrollo departamental. Esa situación tiene que variar en base a las normativas que sean aprobadas en el Estatuto Autonómico Departamental.
Fuente: LA PATRIA
