“Motín policial” dejó desprotegido a todo un país

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El conflicto que se vivió en la Policía Boliviana, aunque no fue identificado oficialmente por las autoridades como un motín policial, pero que en realidad lo fue, reflejó la unidad de los efectivos policiales en una sola voz, en rechazo a la ley 101 del Régimen Disciplinario de la entidad del orden y en demanda por mejores salarios. Sin embargo esta acción dejó desprotegida a la población en cuanto a seguridad ciudadana se refiere y tras varios días de conflicto, los uniformados se contentaron un aumento de 100 bolivianos.

ORURO

En Oruro, el reclamo de los uniformados no quedó atrás, es así que tras una serie de intentos de diálogo con el Gobierno, el jueves 21 de junio, las esposas de los uniformados tomaron el Comando Departamental de la Policía y los efectivos, de rango bajo, entre suboficiales, sargentos cabos y policías se replegaron, apoyando a las que entonces se declararon como “la voz de los policías”.

Ese día, 30 mujeres movilizadas, cerraron las puertas del Comando Policial y junto a sus esposos permanecieron en el interior haciendo detonar petardos y lo que llamó la atención, fue la solidaridad que demostró el poco antes designado como comandante departamental de policías, coronel Wenceslao Zea O’phelan Palza, quien en ese entonces afirmó "Pensamos que las reivindicaciones que hacen las esposas son justas, ellas piden ser atendidas por el Gobierno en sus necesidades económicas. La ley es dura y afecta a los derechos humanos de los policías, porque por alguna indisciplina les afectan su salario, para esto se debe llevar un proceso justo donde se determine si hay o no falta".

Esta movilización fue muestra para que otros departamentos, asuman la misma determinación, es así que al tercer día del conflicto ya se reportaba un motín protagonizado por una veintena de policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), a dos cuadras de Palacio Quemado, quienes voltearon sus gorras y cubrieron sus rostros con pasamontañas para rebelarse y demandar del Gobierno un aumento salarial.

El motín policial estalló cuatro días antes del ingreso de la IX Marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) a la sede de Gobierno, quienes marchaban negando la construcción de una carretera por medio de la reserva natural, lo que hacía “color de hormiga”, las cosas para el Gobierno.

En ese entonces, el ministro de Gobierno, Carlos Romero anunció un aumento salarial inversamente proporcional retroactivo desde enero para los uniformados y pidió a los guardianes y sus esposas declinar las medidas de presión, pero el anuncio fue insuficiente para frenar lo que se posicionó como una escalada creciente de la institución del orden que asumió huelgas en Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Trinidad, Cobija, Tarija, Yacuiba y Riberalta.

El conflicto cada vez se hacía más fuerte, con la toma de ambientes policiales, como Radio Patrullas 110, el Batallón de Seguridad Física y otros, tanto que incluso la seguridad de entidades bancarias fue suspendida.

El caos ya era notorio en la Policía, pese a que en su momento el ministro Romero afirmó que las cosas continuaban con normalidad, es así que la iniciativa que asumieron las esposas de los policías, fue adueñaba por los propios uniformados, que irónicamente, en Oruro, utilizaban el Comando Departamental de Policía como su base de decisiones, a donde llegaron incluso, los uniformados que horas antes partían hacia Colquiri para resguardar la mina nacionalizada por el Gobierno del Presidente Evo Morales.

Aunque en Oruro, las medidas de presión eran asumidas simplemente como eso y no como un motín policial, en la sede de Gobierno, algunos efectivos del orden, encapuchados o con el rostro cubierto, tomaron la decisión de incendiar documentación y las instalaciones del Tribunal Disciplinario Superior de la Institución, lo que motivó al Gobierno rumorear un intento de golpe de Estado.

ACUERDO

Ante todas las medidas de presión, el domingo 24 de junio, el Gobierno y dirigentes de los policías amotinados, firmaron un acuerdo en La Paz, mediante el cual se incrementaba con 220 bolivianos el bono de Seguridad Ciudadana, pero dicho documento no era respaldado por los policías de Oruro, por lo que el estado de emergencia continuaba.

Tanto así que el lunes por la mañana, por las principales calles de esta ciudad, oficiales de policía, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes, se unieron a una marcha de protesta que iniciaron los uniformados de bajo rango.

Pasaron nueve días desde el inicio de la medida de presión de las esposas y seis desde el presunto motín policial y el Gobierno emitió otro ofrecimiento, el de aumentar 100 bolivianos al salario básico policial, por lo que se declaró un cuarto intermedio a las huelgas de hambre u tomas de instalaciones en el país.

Tomando en cuenta que la IX marcha indígena por el Tipnis ya estaba en la puerta de la Sede de Gobierno, el miércoles 27 de junio por la madrugada, autoridades nacionales y representantes de los uniformados, mostraban el documento que firmaron, mediante el cual lograban la dotación de un cupo adicional de víveres y alimentos (un quintal de arroz, de harina y de azúcar) sea para todos los miembros de la institución policial".

Asimismo, el documento expresaba que "Con la finalidad de velar que dicha dotación tenga manejo transparente y los productos sean de buena calidad, se conformará una comisión de Control de Calidad, integrada por el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, representantes de la Policía Boliviana y representantes de esposas de policías. El cupo adicional será otorgado a partir del año 2012", decía el convenio.

Otra cláusula determinaba que "ante la demanda salarial y velando sobre todo el bienestar de la familia policial, se acordó un incremento de Bs. 100.00 (Cien 00/100 bolivianos) a todos los miembros de la Policía Boliviana, que se soldará al haber básico y será retroactivo al mes de enero de 2012".

"Sobre el tema de la jubilación del 100%, se establece la conformación de una comisión compuesta por: el viceministro de Régimen Interior y Policía, el Comando General, Anssclapol, Covipol, Musepol y Recaudaciones de la Policía Boliviana con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para evaluar y definir la manera de financiar el 30 % restante para la jubilación en el plazo perentorio de 180 días. Asimismo, la comisión hará seguimiento del proyecto presentado por el Comando General ante el Ministerio de Gobierno", continuaba el convenio.

La petición de anulación de la Ley 101 de régimen de sanciones para los policías fue atendida con un compromiso del Gobierno Nacional que en coordinación con la Policía Boliviana "conformará una comisión técnica jurídica integrada por miembros de la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno la cual deberá trabajar de forma inmediata sobre las observaciones y planteamientos presentados, a efectos de elaborar un proyecto de norma que regule el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana".

"Los procesos disciplinarios sustanciados en el marco de la Ley Nº 101 de 4 de abril de 2011, serán resueltos de acuerdo a la nueva norma que regule el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana", dice el acuerdo.

También se acordó la "creación de la Defensoría del Policía como institución neutral y desvinculada de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Policía Boliviana, para precautelar, defender y garantizar el ejercicio de los derechos del Policía; la que podrá ser incorporada en la nueva norma disciplinaria, debiendo en consecuencia, la comisión especificará el perfil, los requisitos, atribuciones y composición de dicha institución".

El Gobierno se comprometió además a desistir de cualquier proceso contra los policías que participaron del motín de seis días, con lo que terminó el conflicto que hizo temblar al Gobierno del actual Presidente del Estado boliviano, Evo Morales, quien pese a todo no participó de reuniones con los uniformados.

Fuente: LA PATRIA