Uso de cartografía distorsionada caracterizó el Censo en Oruro

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El uso de la cartografía distorsionada de Oruro, como referencia para realizar el Censo 2012 fue lo que caracterizó el levantamiento de esa información poblacional y de vivienda, que se realizó el mes de noviembre.

El dilema surgió cuando se dio a conocer desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), que para censar a la gente de Oruro se tomaría en cuenta la cartografía de 1994, que es la que está totalmente cercenada a favor de otros departamentos, pues gran parte del territorio orureño pasaría a jurisdicción de Potosí y La Paz.

Sin embargo, más sorprendió la intención de empadronar a cinco comunidades del Norte de Oruro como paceñas, lo que provocó la reacción de los pobladores, de San Antonio de Cruzani que luego de denunciar la intención, iniciaron una huelga de hambre en ambientes de la Asamblea Legislativa Departamental.

En un segundo punto exigían también respeto, resarcimiento a daños y garantías para la comunidad campesina de San Antonio de Cruzani.

En esta lucha los orureños criticaron la pasividad del gobernador Santos Tito Veliz, quien ni siquiera participó de la marcha convocada por el Comité Cívico de Oruro, reclamando la reposición de la cartografía histórica orureña, por lo que surgieron tímidos pedidos de su revocatoria de mandato.

La Universidad Técnica de Oruro (UTO), también se pronunció, luego de efectuar un estudio técnico, jurídico e histórico que llegó a la conclusión de que el uso del mapa distorsionado del departamento como referencia para el Censo 2012, consolidaría la pérdida territorial de Oruro a favor de los potosinos.

SATÉLITE

El investigador, Carlos Sandy manifestó que fue un trabajo intenso con la Gobernación de Oruro, en el que además se hizo una interpretación en imágenes de satélite de los mapas con los que se contaba, pero que además el ingeniero Javier Cárdenas tuvo el cuidado de hacer todo un relevamiento de otra información adyacente que se encontraba sobre este trabajo.

Según las conclusiones de la investigación se indicó que la documentación histórica revisada y sometida a crítica, determina que en 1904 los mojones situados en la línea de Samancha Quinsa, Aguañapi Apacheta, Tuqita y Canquira que era de propiedad de la comunidad Quillaca, señalaban la frontera con la comunidad de Coroma, según el informe de Comisión 128 y Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de la República de Bolivia.

DISTORSIÓN

Asimismo se concluyó que el mapa distorsionado de Oruro, es resultado del avance y posesión de la comunidad de Coroma (Potosí) en territorio de los Quillacas (Oruro), avance histórico señalado en diferentes documentos en que se admite la no propiedad del territorio por Coroma, quedando hoy en día los mojones ancestrales de los Quillacas en el referido avance.

Al mismo tiempo se identifica un levantamiento topográfico elaborado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) en 1989, realizado según Coroma con sus documentos ancestrales desde el mojón de Caracara hasta Uruquilla. Este plano está situado a continuación de la zona comprendida en el mapa distorsionado de Oruro y fue elaborado con documentación considerada sospechosa y con raspaduras por la comisión de los doctores Miguel de la Cruz Méndez (1899) y Eulogio Arce (1901).

Los resultados de este estudio, para la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra demostraron que la lucha de Oruro era la correcta, “que cuando decimos que si vamos al censo con el mapa distorsionado, vamos a consolidar ésta pérdida para el departamento”.

Así fueron pasando los días, con el Comité Cívico movilizado asistiendo a reuniones, sin embargo, a la llegada a Oruro de las ministras de Planificación, Viviana Caro y de Autonomías Claudia Peña, se explicó que las cinco comunidades en conflicto, San Antonio de Cruzani, Tarucamarca, Lequepampa, Cotuma y Huaylluma, serían censadas con código de Oruro y no de La Paz, como se indicó.

En su desesperación por hacerse escuchar y contar con el apoyo de los orureños, Saavedra acudió al congreso de la Central Obrera Departamental (COD), en el que los trabajadores determinaron por decisión unánime brindar todo el respaldo a la dirigente cívica, y el presidente del presídium, Ever Choque advirtió a las autoridades de que no se permitirá que le quiten a Oruro ni un centímetro de territorio, caso contrario los mineros serán los primeros en movilizarse.

PARTICIPACIÓN

Pese a todos los anuncios de no participar del censo mientras no se reponga la cartografía, Oruro le abrió las puertas al censo y alrededor de 11.000 personas, en su mayoría estudiantes de colegio, recogieron los datos.

Hubo satisfacción del encargado departamental del INE, Aldo Cabrera, por la respuesta ciudadana. Sin embargo, el mismo día, 21 de noviembre, las denuncias sobre irregularidades no se dejaron esperar, pues muchos encuestadores se quejaron de que no se les brindó el material necesario, como la credencial de empadronador, trabajaron sin recibir el refrigerio comprometido y a muchos ni siquiera se les canceló el monto de 20 bolivianos que también estaba comprometido, problema que hasta el momento persiste.

También hubo denuncias porque muchos ciudadanos no fueron censados, pues los empadronadores no llegaron a sus domicilios, donde se les esperaba, lo que luego fue reconocido por las autoridades nacionales, y Oruro no fue la excepción de esta denuncia.

Ahora se esperan los resultados del censo, pues mucho se habló de que mostrará la realidad de los bolivianos.

Fuente: LA PATRIA