Lamentablemente como refiere un informe de la dirección de límites territoriales de la Gobernación de Oruro, no se pudo lograr un acuerdo de partes que concilien criterios de orureños y potosinos en el conflicto limítrofe que se mantiene por muchos años y en el que intervinieron varios exprefectos, inclusive hubo recomendaciones presidenciales y no faltaron los informes técnicos del Instituto Geográfico Militar (IGM) como las exhortaciones pacifistas de varios comités cívicos… nada, ni nadie alcanzó el objetivo de pacificación.
El asunto es así de real, tiene larga data, muchos enfrentamientos, casi como parte de una tradición “guerrera” de los comunarios del norte potosino que arremeten contra sus vecinos del sur orureño, especialmente en periodos de siembra y cosecha, o cuando los intereses de ciertos sectores políticos convulsionan a los campesinos de esa región en busca del apoyo de esos aguerridos y belicosos vecinos.
Se han suscrito ene veces compromisos de mutuo respeto, actas de pacificación con efímera duración, no faltaron advertencias específicas de nivel gubernamental añadiendo una serie de sanciones para los infractores. Se acordaron condiciones de entendimiento entre dirigentes de los ayllus o las comarcas en pugna, pero por lo que se sabe en función de la cronología de hechos ningún acuerdo fue lo suficientemente sostenible por los protagonistas de actitudes violentas que arrojaron saldo de muchos heridos y hasta víctimas fatales.
En el último tiempo se aviva la pasión “ultra regionalista” con un ingrediente que si bien fue parte de algunas posiciones, se convirtió recientemente en una “bandera de lucha” por la posesión de yacimientos de recursos naturales que se encuentran en el territorio de los dos departamentos, con variaciones porcentuales en cuanto a superficie y valor de beneficio para cada distrito. Son los casos del Salar de Uyuni o el depósito de piedra caliza que es materia prima para la fabricación de cemento. A esto se agrega la quinua real, producto cuyo precio subió significativamente despertando el interés de unos y otros.
Así están las cosas y resulta que esas relaciones tienden a agravarse eventualmente, cuando se mueven “bajos propósitos” que alientan sectores citadinos que buscan alinear a su lado a comunarios esperanzados en lograr intenciones de crecimiento por la vía del avasallamiento, anulando las opciones de diálogo, respeto a la negociación legal y apertura conciliatoria, por lo que los conflictos limítrofes no han podido solucionarse.
El informe del director de Límites Territoriales de la Gobernación afirma además que “a diferencia de otros departamentos, en Oruro ningún conflicto limítrofe pudo ser resuelto mediante proceso de conciliación voluntaria”. Esta apreciación puede resultar mentirosa si se toma en cuenta otra de la supra entidad cívica orureña, cuando refiere que la falta de entendimiento para conciliar criterios corresponde a los hermanos vecinos de Potosí, responsables de continuos avasallamientos al territorio orureño.
Las cosas están así, con criterios oficiales que no reflejan lo que realmente sucede en las relaciones entre vecinos, dejando que el conflicto persista con los riesgos que tal cosa implica si no se toman medidas que frenen las arbitrariedades que pueden degenerar en hechos de violencia y con trágico saldo de víctimas.
Si autoridades de las gobernaciones no pueden resolver el diferendo, en tanto se aplique la ley del ramo, debe ser el gobierno que apacigüe la situación, garantizando tranquilidad en la zona de límites alterados evitando incursiones o avasallamiento de tierras en ambos bandos. No hacerlo significaría una peligrosa omisión en perjuicio de la seguridad de muchos bolivianos.
Fuente: LA PATRIA
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