Hay necesidad de establecer una norma general que permita solucionar todos los problemas que existen en el país en materia de límites y que han ocasionado serios conflictos entre vecinos de varias comunidades, debido a la falta de regulaciones precisas y una adecuada y formal delimitación de las denominadas “unidades territoriales”.
Un reciente informe que se originó en la Comisión de Autonomías de la Asamblea Legislativa, cuya Cámara Alta aprobará en los próximos días en su estación de detalle el proyecto de la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, señala que nuestro país está constituido por 339 municipios, de los cuales 314, que significa el 93 por ciento, no tienen definidos sus límites territoriales y sólo 25 del total (7%) tienen sus límites territoriales sin problemas, hecho que realmente preocupa pues se trata de un mal que se arrastra desde la creación misma de la República y que lamentablemente no ha podido ser reglamentado.
De momento se anticipó que el proyecto presentado por la Comisión de Autonomías en el ministerio respectivo recibió ya el visto bueno en su estación en grande, luego de que el texto del documento fue objeto de análisis, debates y un largo proceso de concertación.
En realidad la norma al ser aprobada establecerá “procedimientos conciliatorios” entre partes para la definición de límites precisos y georreferenciales, además que marcará una ruta de orden constitucional para delimitar las unidades territoriales, de acuerdo a un reglamento que actualmente está en proceso de diseño y deberá ser consensuado adecuadamente.
Un planteamiento del ministerio de autonomías consigna en el proyecto la sugerencia de buscar soluciones a través de la vía conciliatoria como el mecanismo más práctico y directo para lograr acuerdos pacíficos y que sean aprobados debidamente por las partes que sostienen conflictos limítrofes.
Sólo para recordar a las autoridades que diseñan la Ley para Delimitación de Unidades Territoriales, mencionar que en algunos sectores donde además surgen posiciones políticas, se ha hecho difícil pretender objetivos pacíficos cuando uno de los sectores incumple compromisos de pacificación y agrede a los vecinos, como ha estado sucediendo entre comunarios de Potosí afectando a los campesinos orureños.
Aparece otra figura en el proyecto de ley y es el “referéndum” expresamente para los municipios, de manera que los ciudadanos en forma democrática podrán definir los límites de su jurisdicción territorial, pero además por el mismo procedimiento podrán decidir a qué municipio pertenecer. En el caso de los conflictos de límites departamentales, la vía judicial en última instancia será la que determine la solución de tales problemas.
Mientras eso suceda y la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales sea aprobada en todas sus instancias previo consenso ciudadano, hay que mantener la calma frente a posiciones de intransigencia que alientan vecinos de algunas poblaciones que no están de acuerdo con el Censo y la asignación de territorialidad temporal. El asunto dicen es un peligro frente a una posible pérdida en las asignaciones de recursos y curules parlamentarios.
Fuente: LA PATRIA
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