En los últimos días un tema considerado en los niveles empresariales del país, pero también con inusitado entusiasmo entre políticos nacionales (léase del oficialismo y oposición) además de expertos analistas en temas de comercio exterior, ponen en duda los beneficios que nuestro país pueda lograr al adherirse plenamente al Mercado Común del Sur (Mercosur).
Hay quienes ven el tema como un factor interesante en materia de integración sub regional y que adherirse a un organismo multilateral más favorecería a las posibilidades de ampliar nuestro comercio exterior, en las condiciones propicias que aparentemente nos permitiría colocar nuestros productos en mercados tan importantes como los de Brasil o la Argentina, sin contar a otros asociados que seguramente estarán pendientes de la oferta boliviana, pero al mismo tiempo que ofertarán su propia producción porque de lo que se trata en este tipo de convenios es fomentar el intercambio productivo, aunque justamente en la dimensión de ese proceso está el beneficio particular en cualquier alternativa.
Hay que recordar que nuestro país es ya parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la que rigen normas especiales que han facilitado ciertas operaciones comerciales a nuestros empresarios y al Estado para desarrollar una política “balanceada” de intercambio de productos, manteniendo como elemento principal un reglamento de aranceles que son activamente utilizados en las operaciones de importación como las de orden exportable.
Incluir Bolivia en el Mercosur puede crear situaciones contradictorias en las alternativas comerciales, pues este grupo regional tiene diferente escala de aranceles externos y tarifas comerciales alternas que se hacen excluyentes entre sí al compararlas con las de la Comunidad Andina. Vale la pena aclarar por ejemplo que las exportaciones bolivianas de gas al Brasil y la Argentina, no requieren del visto bueno del Mercosur, porque se trata de acuerdos directos entre gobiernos y en condiciones aprobadas en tal instancia, sin que existan condiciones reglamentarias al efecto.
Cuando se habla de exportación de mercadería boliviana se hacen patentes las ventajas que proporciona la Comunidad Andina de Naciones especialmente en lo que se refiere a productos manufacturados, los que de entrada no tienen espacio entre los requerimientos del Mercosur, donde la abierta competencia es parte del sistema proteccionista de sus afiliados, por tanto difícilmente se podría vislumbrar un buen aterrizaje de nuestros productos tradicionales en ese mercado copado por la propia producción regionalizada.
Las diferencias existentes entre la CAN y el Mercosur se han patentizado con absoluta claridad cuando se lanzó a la vida institucional la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, que en el hecho práctico no pudo avanzar en la pretendida intención de unir o fundir en un solo organismo a los países de la región sudamericana, donde existe una suerte de condicionamientos de orden particularizado que definen las condiciones de la región andina y la del sur con sus propias reglas y sus proyecciones enteramente sectoriales.
En el caso de Bolivia y aunque su admisión al Mercosur era analizada entre sus miembros, se recordó que de manera interna nuestro gobierno está en la obligación de ajustar sus hechos al cumplimiento de un requisito constitucional insoslayable contenido en el Art. 257 que recuerda la necesidad de aprobar un tratado internacional mediante la realización de un referéndum popular vinculante, para cumplir cualquier proceso de integración. No hay que eludir lo que la CPE condiciona en materia de acuerdos integracionistas.
Fuente: LA PATRIA
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