Pasó el censo realizado con cartografía irregular y con problemas latentes en el diferendo limítrofe que sostiene Oruro sin que tal situación hubiese sido objeto de soluciones específicas por tanto vigentes en la actualidad y complicados por interferencias que ha denunciado la entidad cívica señalando que autoridades de la Gobernación y algunos legisladores están “obstaculizando el trabajo institucional que se realiza para eliminar los conflictos actuales”.
Se menciona que existe una clara intromisión de funcionarios oficiales creando incertidumbre entre campesinos orureños y los vecinos de la jurisdicción paceña con argumentos políticos que distorsionan el curso de las gestiones amigables que realiza la entidad cívica en busca de un arreglo pacífico, pero además serio y duradero. Otro tanto ocurre en el problema que se sostiene en el límite del norte potosino y nuestras comunidades vecinas.
Preocupa al mismo tiempo la posición de algunas autoridades ministeriales, que según los dirigentes cívicos de Oruro muestran abierta parcialización con los distritos vecinos lo que perjudica el avance de soluciones concretas en el conflicto limítrofe a lo que se suma la acción unilateral del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), cuyos funcionarios de manera totalmente irregular dispusieron la vigencia de una línea divisoria en el sector de Colquiri, perjudicando a poblaciones orureñas que aparecieron como parte de La Paz.
En el delicado conflicto de los límites irregulares hay que contemplar también la posición del Instituto Geográfico Militar (IGM) que pese a la exigencia de autoridades nacionales, al pedido de representantes locales y de las entidades cívicas no presenta una cartografía adecuada de nuestro departamento que defina con claridad el reconocimiento de la jurisdicción orureña, tras varios trabajos realizados desde años anteriores cuando se produjeron inclusive graves enfrentamientos entre comunarios orureños y potosinos.
Si bien no se trata de un problema específicamente orureño, pues problemas limítrofes tienen varios departamentos, el hecho es que existió una promesa oficial, a propósito del censo de población y vivienda, estableciéndose la necesidad de cumplir con el empadronamiento de la ciudadanía en los lugares conflictivos, tomando en cuenta “usos y costumbres” regionales pero activando soluciones técnicas y legales de urgencia, inmediatamente terminado el censo.
En Oruro se han planteado algunas situaciones de emergencia en torno al problema de los límites, una muy importante es retirar de circulación y uso el mapa distorsionado de Oruro y restablecer el correcto como señal de avance legal en el tema, la otra opción es coordinar una acción conjunta de la defensa de límites entre autoridades e instituciones, haciendo fuerza para reivindicar los derechos regionales y finalmente exigir al IGM la entrega de una cartografía revisada y actualizada para encarar con tal documentación la aprobación de la Ley de Unidades Territoriales que pondrá fin a los conflictos.
Algo que debe tratarse en niveles superiores en nuestra jurisdicción es la defensa coordinada entre todas las autoridades, la institución cívica, la brigada parlamentaria, asambleístas y concejales para analizar los aspectos más sensibles de esta gestión tomando en cuenta las situaciones engorrosas que provienen de entidades como el INRA, el INE y el IGM que manejan documentación errónea que debe ser enmendada y reemplazada por la correcta cartografía que respete la territorialidad orureña.
Fuente: LA PATRIA
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