Nuevo caso de corrupción en altas esferas del Gobierno, ensombrece la conducta que maneja en la nave del Estado Plurinacional, encabezado por el Presidente, Evo Morales, jefe indiscutible el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las seis federaciones de cocaleros asentados en el Chapare cochabambino.
Morales, en reiteradas ocasiones pidió a sus correligionarios y miembros que conforman su gobierno, actuar con absoluta honradez sin llegar a la corrupción, sabiendo que nuestro país está ubicado en los primeros planos de corrupción en el orden internacional. Dentro del esfuerzo por conducir a la nación en el plano de la legalidad, aprobó la Ley "Marcelo Quiroga Santa Cruz"; pero, parte de sus seguidores incrustados en el Ejecutivo no tuvieron miedo a la ley porque estaban y están remachados por los poderes que, supuestamente, les confirieron algunos ministros, entre ellos Sacha Llorenti y Ramón Quintana, que tuvo mucho que ver con las decenas de camiones que transportaban mercadería de contrabando en el oriente boliviano.
En los últimos días fue descubierta una poderosa red de corrupción que formaban parte altos funcionarios de los Ministerios de la Presidencia y Gobierno, junto a personeros de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi).
Los principales involucrado en esta red de extorsión son el ahora exdirector del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, y su colaborador, Dennis Rodas, descubiertos al extorsionar al empresario estadounidense, Jacob Ostreicher, para que sea trasladado a otros penales o tal vez lograr su libertad pagando 50 mil dólares; además, aparece otro involucrado, José Manuel Antezana Pinaya.
De acuerdo a informaciones proporcionadas a la prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que Rivera trabajó más de cinco años como funcionario de Unidad de Gestión Jurídica dentro su oficina. Añadió que Rivera y Rodas elaboraban memoriales con un poder especial representando al Ministerio de Gobierno en audiencias judiciales y diferentes procesos, para complicar a jueces y fiscales con objetivo de torcer las leyes.
Durante los procesos de investigación, obligó a autoridades del Ejecutivo la detención de otros ocho funcionarios, entre ellos al director de la oficinas de Bienes Incautados, Moisés Aguilar, que durante su gestión desaparecieron los bienes del súbdito estadounidense, valuados en 15 millones de dólares; otro funcionario es detenido por la venta ilegal de gran cantidad de arroz incautado.
Algunas autoridades del Poder Judicial también están siendo involucradas por diferentes supuestas delitos, entre ellos el exfiscal, Isabelino Gómez, cuyo nombre ha sido puesto en la lista de personas que serán investigadas por el Ministerio público, por el caso de extorsión al ciudadano estadounidense, que aún guarda detención durante 18 meses en un penal cruceño, por supuesto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a publicaciones del periódico cruceño El Deber, el viceministro de Régimen del Interior, Jorge Pérez, denunció en la ciudad oriental que, cuando un juez dejó en libertad a Ostreicher, “recibió una llamada del fiscal de Distrito Isabelino Gómez, que le indicó que lo iba a mandar a la cárcel por esa decisión”.
(*) Periodista
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